La Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) pidió a la justicia ecuatoriana que la indemnización por $ 220 millones aplicados en contra del Estado en el denominado Caso Chevron se “embarguen” y se los destine para la remediación ambiental en la Amazonía.
En una declaración de prensa, desde la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en Quito, este 16 de diciembre de 2025, el abogado y representante de la UDAPT, Pablo Fajardo, junto con habitantes afectados por los derrames petroleros cuestionaron la posición del Estado ecuatoriano en los tribunales internacionales y anunciaron nuevas acciones legales.
La semana pasada (el 8 de diciembre) la Procuraduría General informó que el Estado fue sentenciado a pagar una indemnización por $ 220′806.941 a la empresa Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company, hoy Chevron, dispuesta por un tribunal arbitral internacional de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).
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El tribunal concluyó que Ecuador es responsable de violar disposiciones del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) suscrito con los Estados Unidos, por la presunción de denegación de justicia.
Determinó como reparación para la transnacional petrolera $ 220′806.941, de los que $ 180′402.691 corresponden al capital y $ 40′404.250 por intereses.
Aún resta que se cuantifiquen las costas judiciales.
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La Procuraduría resaltó que este monto es mucho menor al que pretendía Chevron y que era de $ 3.350 millones.
Este caso es producto de una demanda que impulsaron comunidades indígenas en 1993, en la que denunciaron a Texaco por los derrames de petróleo ocurridos en sus territorios.
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En la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos un tribunal sentenció a Texaco a pagar $ 9.500 millones por daños ambientales.
La compañía norteamericana recurrió a un arbitraje internacional, que dedujo denegación de justicia y ordenó esta reparación.
Este martes, la UDAPT reaccionó al fallo y a la posición del Estado –la Procuraduría y la bancada de Gobierno Acción Democrática Nacional (ADN)– por realzar como un logro la reducción de la indemnización y cuestionar la demanda planteada por los afectados del derrame.
“Muchos sectores políticos hablan de un fraude... Dicen ‘no, es que aquí hubo un fraude (en la justicia)’. Primero, aquí no hubo un fraude, ya que la remediación ambiental es un fraude porque nunca la hicieron”, reprochó Fajardo, representante de este colectivo.
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Denostó al procurador general, Juan Carlos Larrea, por decir “estupideces” en entrevistas en medios de comunicación y porque la obligación es defender al Estado y no destacar que se redujo la indemnización.
“El objetivo nuestro no es que el Estado ecuatoriano pague, sino que pague Chevron. Ahora hay un laudo arbitral, que consiguieron sacrificando a la Amazonía. Esos $ 220 millones no debe pagar el Estado, pero aquí benefician a Chevron sacrificando a la Amazonía”, añadió.
Explicó también que la sentencia emitida por el tribunal de Sucumbíos está vigente, es ejecutable y “no se puede anular”, porque el tribunal de La Haya “no es un tribunal de cuarta o quinta instancia”.
En ese sentido, solicitaron que la Corte provincial disponga que se embargue el pago de $ 220 millones que se haga a la petrolera, considerando que les adeudan $ 9.500 millones.
“Exigimos al Gobierno ecuatoriano y a su procurador que cumplan con la ley, respeten nuestros derechos y no se metan en un juicio que no es suyo”, enfatizó el jurista, que hizo un llamado para que la Corte de Sucumbíos actúe con diligencia y al Gobierno nacional a que no “presione” a los jueces.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, calificó a Chevron de ser una “empresa asesina” y exigió que se dé cumplimiento a la remediación ambiental.
“Señor procurador, qué vergüenza. Este tipo de autoridades tenemos, que no garantizan los derechos colectivos, ambientales”, expresó Vargas.
A la vez, advirtió que con este antecedente “no van a entrar a los territorios de las nacionalidades con su famosa ampliación de la frontera petrolera en Pastaza y Morona Santiago y, con el catastro minero, decir que la minería a gran escala es desarrollo. No, señores. Esa ampliación va a quedar enterrada para siempre en la Amazonía centro-sur. Con este antecedente no van a extraer más petróleo”. (I)
