Como sospechosos de autores del delito de peculado, la Fiscalía General del Estado acusó a Antonio Gonçalves, exministro de Energía y Minas, y a Fabián Calero, exviceministro del ramo, además de otras 19 personas, al identificarse un supuesto perjuicio al Estado por sobre los $ 104 millones en contratos emergentes para generación eléctrica que se firmaron en medio de los apagones que experimentó Ecuador en el 2024.
A las 09:53 de este 14 de mayo de 2026, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se instaló la audiencia de formulación de cargos en el caso Apagón —como lo bautizó la Fiscalía— en el que se investigan hechos de corrupción en la adjudicación de contratos para enfrentar la emergencia eléctrica que derivó en apagones de hasta catorce horas diarias en 2024 y 2025.
El delito se desprende de los contratos celebrados por el Estado, a través de la empresa pública Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec-EP) para la central térmica Salitral y Quevedo con la compañía Progen Industries LLS, cuyo representante es el ciudadano estadounidense Williamson Andrew Scott, a quien el fiscal lo identificó como coautor del delito de peculado.
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“Aprovechándose del déficit energético, (...) abusaron, evadieron y omitieron procedimientos de contratación pública para favorecer a una contratista que no cumplía con el objeto contractual”, dijo Alarcón.
Las irregularidades se identificaron en los contratos de emergencia Salitral del 2 de agosto de 2024 por $ 99′400.000, cuyo objeto fue la adquisición de 29 grupos de electrógenos.
Por el contrato Quevedo, del 2 de agosto de 2024, por $ 49′700.000 para la adquisición de 21 grupos de electrógenos. Además, un contrato complementario del 21 de enero de 2025.
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Este último contrato complementario se habría hecho aunque ya se conocía de los incumplimientos en la ejecución de la obra energética, y además se hicieron pagos anticipados a Progen que en total, provocaron un perjuicio al Estado ecuatoriano por $ 104′370.000, equivalente al 70 %.
Respecto del contrato Quevedo se pagó como anticipo $ 34′790.000 y en el contrato Salitral $ 69′580.000, a través de transferencias internacionales al Regions Bank que hizo la Celec-EP y que constan registradas en el sistema del Banco Central del Ecuador (BCE).
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Los pagos se hicieron sin “hacer las verificaciones de los términos contractuales y sin considerar las garantías” de cumplimiento de los proyectos, indicó la autoridad.
El fiscal responsabilizó al exministro Gonçalves de este perjuicio porque era su “deber jurídico” tomar acciones que precautelen los intereses del Estado.
“Existen conductas propias del delito de peculado que es la malversación de fondos y desvío de recursos del Estado” en este caso, reflexionó el fiscal Alarcón.
Juez no dio paso a diferimiento de audiencia
Luego de resolver una serie de incidentes procesales, el juez encargado de la Sala Penal, Vinicio Rodríguez, instaló la diligencia con la intervención del fiscal subrogante Carlos Alarcón, quien individualizó los cargos en contra de 21 sospechosos de este delito.
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La diligencia estaba convocada para las 08:30 de este jueves, pero se instaló minutos antes de las 10:00.
La abogada Gladys Terán, defensora del procesado Carlos V. M., pidió que se difiera la audiencia porque se integró a la defensa hace hace pocas horas y no conocía los 200 cuerpos y 40.000 fojas del expediente. Se afecta el derecho a la defensa y derechos humanos de Carlos V. M., subrayó la jurista.
La defensa de Antonio Gonçalves, entre los que figuró Juan Pablo Ortiz, esgrimió que la Fiscalía no notificó a la compañía Progen, lo que podría generar nulidades.
En respuesta, Carlos Alarcón puntualizó que los procesados son personas naturales, no jurídicas, por lo que les llamó la atención si eran abogados de la “corrupta Progen”.
Adicionalmente, el juez dio un plazo de dos días para que la intréprete, que había sido asignada para esta audiencia para traducir las exposiciones al norteamericano Andrew Scott.
Antes de las 11:00, Alarcón empezó con la lectura de los cargos y el primer señalado fue el exministro de Energía, Antonio Gonçalves.
A las 12:35, el juez Rodríguez suspendió el acto y se prevé su reinstalación para las 14:30. (I)