La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, inició una “cruzada diplomática” en la búsqueda de alianzas estratégicas en materia de seguridad, como lo dispuso el presidente de la República, Daniel Noboa, y para ello se desplazó a Chile, Argentina y Uruguay.
En esos tres países que visitará, la canciller mantendrá reuniones al más alto nivel para revisar los convenios existentes.
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El desplazamiento de la ministra se realiza tras la resolución aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 25 de febrero, en la que el Legislativo oficialmente reconoce a los grupos de delincuencia organizada como enemigos del Estado, lo cual refuerza la estrategia del Gobierno para tratarlos como amenazas transnacionales y no solo como delincuencia común.
Dentro de la agenda de desplazamientos definidos por la Cancillería está previsto un viaje de la canciller a Viena para participar en la reunión mundial de cooperantes, donde se abrirán nuevas oportunidades para recibir apoyo técnico y logístico en la lucha contra el crimen organizado.
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En Viena mantendrá una reunión en la Comisión de Estupefacientes, donde se dará a conocer lo avanzado en el 2024 y se presentará la agenda de prioridades en materia de cooperación en seguridad para Ecuador y la región.
En la resolución, la Asamblea reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado, tanto a nivel nacional como transnacional, y destaca la importancia de fortalecer las estrategias de seguridad, la cooperación interinstitucional e internacional para garantizar la paz, el orden público y la protección de los derechos ciudadanos, con el objetivo de erradicar las estructuras criminales que amenazan la estabilidad del país.
“Reconocer como enemigos del Estado a los grupos delincuenciales identificados por las entidades competentes y que forman parte de los grupos de delincuencia organizada transnacional que operan en el país, reiterando nuestro compromiso como Asamblea Nacional a continuar legislando y fiscalizando en el ámbito de nuestras competencias para seguir tipificando y desarrollando la normativa necesaria para sancionar y desarticular dichas organizaciones”, señala el segundo artículo aprobado con 121 votos, el pasado martes 25 de febrero.
En el mismo texto, la legislatura exhortó al Gobierno nacional para que, a través de los canales diplomáticos, con otros países y organismos internacionales, ejecute los acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad ya suscritos, los cuales conforme el pronunciamiento de la Corte Constitucional en el dictamen 9-23-TI/24 no requieren aprobación o ratificación por parte de la Asamblea.
La resolución legislativa, según la Cancillería, es un mensaje de unidad y compromiso del Estado frente al crimen organizado, lo que permite a Ecuador negociar con otros países desde una posición mucho más sólida. Ahora el Gobierno tiene el respaldo necesario para promover, fortalecer las agendas y los acuerdos internacionales en seguridad con aliados clave.
Para la Cancillería constituye un respaldo político a la cooperación internacional en seguridad, lo que fortalece la posición de Ecuador en la búsqueda de alianzas estratégicas con otros países que tienen experiencia en la lucha contra el narcotráfico.
Por primera vez, la Función Legislativa, casi por unanimidad, toma una postura clara y contundente frente a la amenaza del crimen organizado transnacional, lo cual cambiará el panorama internacional y permite que Ecuador fortalezca su estrategia en materia de cooperación, señaló.
El Gobierno espera consolidar los acuerdos y aspira a que la Asamblea Nacional dé paso a la reforma constitucional al artículo 5 de la Carta Política, que permita la presencia de fuerzas extranjeras en el país, y con ello, concretar acuerdos que fortalezcan la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Reacciones legislativas
La coordinadora de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), Valentina Centeno, destacó que en la Asamblea se logró un doble triunfo: primero, que el pleno se haya pronunciado a favor de la cooperación militar extranjera para que el Ecuador pueda combatir el crimen organizado transnacional, que se haya arrinconado a los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que no tuvieron más que apoyar una resolución para poder tener cooperación militar extranjera, que se puedan desarrollar alianzas militares y que fuerzas especiales de países aliados puedan venir al Ecuador.
También es un triunfo, añadió, porque ya hay una convocatoria para que el pleno este jueves, 27 de febrero, trate el primer debate de la reforma a la Constitución en su artículo 5 y se permita la presencia de bases militares extranjeras en el Ecuador.
El primer vicepresidente de la Asamblea, Otto Vera, señaló que el proyecto de resolución presentado por el asambleísta Ferdinan Álvarez (ADN) fue nutrido por varios aportes que hizo el PSC a último minuto, donde se ratifica que el Gobierno nacional tiene plena facultad para poder buscar la colaboración internacional porque tenemos tratados internacionales firmados, porque la Corte Constitucional ya dictaminó el hecho de que el Ejecutivo tiene plena facultad para hacerlo. Sin embargo, al ser tratado en la Asamblea Nacional, aunque no necesitaba aprobación, era un asunto de carácter político y de apoyo al pueblo ecuatoriano, que necesita la unidad de sus funciones del Estado.
Dijo que la resolución estuvo bastante ecuánime, pues además se estableció que la legislatura, a través de la Comisión de Seguridad, debe conocer los resultados alcanzados tras la cooperación internacional.
“La respuesta que dio el Parlamento marca el hecho de que hay unidad para luchar contra el verdadero enemigo que tiene el Ecuador, que es la criminalidad transnacional, y por supuesto, todo el crimen organizado dedicado al traspaso de drogas en las fronteras ecuatorianas”, subrayó Vera. (I)