El Consejo de Administración Legislativa (CAL), aceptó a trámite el juicio político en contra de tres exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), integrantes de la denominada ‘Liga Azul’ Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos, y la consejera Nicole Bonifaz, acusados de un supuesto incumplimiento de funciones.
La solicitud de interpelación fue presentada por el asambleísta Fausto Fernández (ADN), y señala que los acusados cometieron evidentes incumplimientos de sus obligaciones lo que implica violaciones constitucionales y legales al votar y aprobar, el 22 de enero de 2025, en su calidad del consejeros del CPCCS, una interpretación errada, inconstitucional e ilegal de la Sentencia Nro. 372-23-EP/24, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, contraria al contenido textual de la sentencia, revocando la posesión como Superintendente de Bancos, Roberto José Romero Von Buchwald, para posesionar en este cargo al Raúl Agustín González Carrión.
Este acto cometido por los exconsejeros y la actual consejera Bonifaz, dice el expediente, desatiende una sentencia de la Corte Constitucional constituye una franca vulneración de la seguridad jurídica es susceptible de responsabilidad política al incumplir los entonces consejeros las funciones y atribuciones que rigen sus posiciones, ya que es deber de todo funcionario público el respeto a la Constitución y de todo el ordenamiento jurídico, y además la obligación de rendir cuentas por las acciones u omisiones; al ser consecuencia, sujeto de control político.
Como prueba de la acusación, el legislador Fausto Fernández, agrega la moción presentada por el exconsejero, Augusto Verduga, en la sesión del CPCCS del 22 de enero pasado, donde entre otras cosas: ratifica la designación de Raúl González Carrión, como primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, contenida en la Resolución CPCCS-PLE-SG-028E2022-965 de fecha 20 de julio del 2022, para desempeñar sus funciones por cinco años contados desde su posesión efectuada el 11 de agosto del 2022 ante la Asamblea Nacional.
Además, ratifica la validez de la designación de Roberto Romero Von Buchwald, como primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, contenida en la Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-049-O-2024-0492 de fecha 4 de diciembre del 2024 para desempeñar sus funciones por cinco años contados desde su posesión que deberá efectuarse a partir del 11 de agosto del 2027 una vez que Raúl González Carrión, culmine su período como primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, con lo cual no se afecta, en modo alguno, las expectativas legítimas de Roberto Romero Von Buchwald.
En esta moción, señala el expediente del juicio, la consejera Nicole Bonifaz López, y los ex consejeros: Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos Rivas votaron a favor de acoger la moción; por lo tanto, nombraron a Raúl González Carrión, como Superintendente de Bancos, en detrimento del nombramiento de Roberto Romero Von Buchwald.
Según la acusación presentada por el asambleísta, Fausto Fernández, para efectos de la solicitud de juicio político, la actuación de los tres exconsejeros y la actual consejera Bonifaz, se enmarca en el incumplimiento de funciones, ya que su función no es la de interpretar sentencias constitucionales emitidas por un órgano diferente al CPCCS, evidenciándose una violación expresa al extralimitar sus atribuciones y facultades, confirmando la vulneración de la Constitución y la ley, del principio de legalidad y el principio de competencia y del principio de motivación de sus actos.
Al determinar la responsabilidad individual y grupal de los exconsejeros y la actual consejera, el asambleísta proponente del juicio incluye en el expediente los chats del caso ‘Ligados2´, donde denotan un conjunto de actividades coordinadas y acciones dirigidas para obtener beneficios en instituciones estratégicas como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura, incluyendo violaciones directas a disposiciones constitucionales que establecen una relación de causa - efecto que afecta a la estabilidad de las instituciones del Estado, en este caso de la Superintendencia de Bancos.
Una vez aceptado a trámite el juicio político en contra de los exconsejeros y la consejera Nicole Bonifaz, el CAL remitió a la Unidad Técnica Legislativa para un informe previo a la calificación de la solicitud de juicio. (I)
