Por unanimidad (cinco votos), el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional avocó conocimiento este jueves, 8 de enero de 2026, de la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy. La sesión fue convocada por el presidente del Legislativo, Niels Olsen, y se realizó de forma presencial pasadas las 10:00.
La moción para que el CAL conozca el pedido fue presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, quien planteó que la solicitud sea remitida a la Unidad Técnica Legislativa para la elaboración del informe técnico correspondiente. Dicho informe deberá ser entregado en un plazo máximo de tres días. La propuesta recibió el respaldo de los integrantes del CAL.
Durante la sesión, el asambleísta Samuel Célleri apoyó la moción y señaló que los procesos de fiscalización deben desarrollarse con transparencia. “Solo así se fortalecerá la confianza en las instituciones del Estado”, manifestó.
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La solicitud de juicio político contra Godoy fue presentada el 29 de diciembre de 2025 por los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso, por un presunto incumplimiento de funciones.
El pedido se sustenta en las alertas formuladas por el juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció supuestas presiones y amenazas a su integridad tras haber dictado una sentencia por lavado de activos que condenó a diez años de prisión al ciudadano serbio Jezdimir Srdan.
De ser calificado el pedido, el trámite continuará en la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez, de Acción Democrática Nacional (ADN), donde se sustanciará el proceso conforme al procedimiento legislativo.
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El pasado 5 de enero, Mario Godoy compareció ante el pleno de la Asamblea Nacional y solicitó ser recibido en la Comisión de Fiscalización para ejercer su derecho a la defensa frente a los señalamientos en su contra, relacionados con un supuesto manejo deficiente del Consejo de la Judicatura y presuntas presiones a jueces a través de funcionarios vinculados a la institución.
(I)
