CAL no dio paso a pedido de legisladora correísta para revisar juicio político contra la fiscal Diana Salazar

El legislador oficialista Diego Matovelle, quien es segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), informó que este organismo no dio paso al pedido de la legisladora correísta Gissela Garzón para que se realice un seguimiento al trámite del juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, que está suspendido desde el 17 de mayo de 2024 tras acogerse un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado.

En atención a una consulta del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, la Procuraduría emitió un criterio para permitir que el CAL y la Comisión de Fiscalización suspendan temporalmene la sustanciación de un juicio político en caso de que las autoridades investigadas cursen un embarazo de riesgo o presenten enfermedades catastróficas.

Salazar está embarazada y tiene una condición de alto riesgo, según certificados médicos que presentó en la Asamblea Nacional.

En una entrevista con el medio digital La Posta, Matovelle indicó que la motivación que Garzón presentó, “fue algo muy direccionado contra la fiscal”.

“En el CAL, en una sesión que fue reservada, se revisó un infome médico de la señora fiscal y no se dio paso (al pedido de Garzón) porque realmente no es algo donde tengamos que apuntar. Sabemos cuál es su estado y existe ya una certificación médica. Seguir en algo que no es de interés de los legisladores no puede avanzar”, precisó Matovelle.

El legislador indicó que el tema se trató rápidamente en la sesión del CAL. “No se dio paso, no hubo ninguna votación, solo se conocí, así de rápido fue”.

El pasado 11 de julio, la fiscal general emitió un comunicado en el que rechazó que se ponga en duda la condición de alto riesgo en su embarazo y las intenciones de Garzón de que se revise su estado de salud para retomar el juicio político.

Emplazó a los “metirosos e inescrupulosos” a que designen tres médicos para que constaten su situación. “¿Qué van a hacer cuando los mismos médicos que ustedes pongan den fe de que todo lo que han dicho ustees es mentira?”, cuestionó.

“Queda claro (por si alguna vez tuvieron la duda) que esta gente busca desesperadamente separarme de mis funciones como fiscal general del Estado, porque no les interesa llegar a la verdad procesal de los hechos, -como decía- quieren seguir viviendo en la impunidad”, apuntó y aclaró que en ningún momento se está aferrando al cargo y que lo que tiene es la “esperanza de mejores días para el país”.

Salazar afirmó que iniciará las acciones legales pertinentes por las filtraciones que se han dado sobre su embarazo y su vida personal. “No voy a permitir que se sigan metiendo con lo más sagrado que hay en mi vida: mi familia”, aseguró.

La Fiscalía General informó la mañana de este 12 de julio que Salazar tomará las vacaciones anuales que le corrresponden según la legislación vigente. Su reemplazo será el fiscal subrogante Wilson Toainga. (I)