El tercer intento de la Revolución Ciudadana (RC) de llevar a juicio político a seis vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no prosperó en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional.
La mesa parlamentaria sesionó la tarde de este lunes, 9 de febrero de 2026, para conocer el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) sobre la solicitud de juicio político que presentaron los asambleístas del correísmo Luis Fernando Molina y Héctor Rodríguez en contra de los consejeros Andrés Xavier Fantoni (presidente), Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero, Roberto Gilbert y Piedad Cuarán.
Los legisladores de la RC acusaron a los vocales del presunto incumplimiento de funciones en los procesos de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura y en el concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado.
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El documento de la UTL recomendó que el CAL inadmita a trámite la solicitud de enjuiciamiento político, por incumplimiento de los requisitos formales relativos al anuncio y sustento probatorio.
En el informe también se observó que el contenido del anuncio de la totalidad de la prueba no permite verificar de manera clara, completa y sistemática el universo probatorio que se pretende hacer valer, ni se individualiza de forma precisa la relación entre cada hecho alegado y los medios probatorios que lo sustentarían.
Asimismo, indicó la UTL, no se acompaña la prueba documental de la que se afirma disponer al momento de la presentación, conforme exige expresamente el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
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En este sentido, la UTL concluyó que el anuncio realizado resulta incompleto e insuficiente, impidiendo verificar la base probatoria mínima que sustenta la solicitud de enjuiciamiento político.
Esta fue la tercera solicitud de juicio político que presentó Luis Fernando Molina contra los vocales del CPCCS. Previo a la inadmisión del CAL, el legislador contrastó que el mismo texto que observó esta vez la UTL fue presentado en el primer y segundo juicio político, así como el mismo anuncio de pruebas que la UTL validó en dos ocasiones.
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“Ese es el argumento burdo con el que hoy pretenden justificar el blindaje al CPCCS. Un sainete para encubrir el verdadero objetivo: que el Gobierno controle la Fiscalía”, escribió el asambleísta en su cuenta en la red social X. (I)
