Una de las primeras reacciones sobre el anuncio del presidente Daniel Noboa para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras llegó desde los miembros de la bancada legislativa del oficialismo. La presidenta de la Comisión de Soberanía y Seguridad, Inés Alarcón, se pronunció sobre la reforma parcial que el Ejecutivo enviará al Legislativo.
“Somos testigos de cómo el narcotráfico y la disputa de territorios han arrodillado a nuestro país. Debemos conectarnos con lo que hoy vive nuestro país en cuanto a la necesidad de la seguridad nacional”, señaló.
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La legisladora del partido oficialista mostró su apoyo a la propuesta presidencial y mencionó que la Asamblea debe tramitar el proceso sin retrasos.
“Esperamos que se trate con la celeridad necesaria una vez que llegue a la Asamblea. Es importante que la Asamblea y sus legisladores actúen con la coherencia necesaria conectándose con la necesidad del país. Hoy se va a demostrar de qué lado de la historia está cada legislador”, señaló.
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Tras el anuncio de la reforma parcial de la Constitución, el Gobierno ya inició el proceso para tramitar esta propuesta. Abogados constitucionalistas dicen que la Corte Constitucional (CC) deberá ser el primer destino de la reforma parcial.
El artículo 5 de la Constitución es el que el Gobierno quiere que sea modificado. En esa norma se establece que el Ecuador es un territorio de paz y que “no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
Ese artículo se aprobó con la Constitución del 2008, impulsada por el expresidente Rafael Correa. Esto generó que en 2009 Estados Unidos retirara a sus soldados de la base de Manta. En ese entonces, el Gobierno señalaba que tener una base extranjera en territorio nacional atentaba contra la soberanía del Estado. Ahora, el presidente Noboa dice que se trató de un pacto con el crimen organizado. (I)