La Embajada de los Estados Unidos en Quito aclaró que su Gobierno no tiene planes de solicitar permiso a Ecuador para mantener una presencia militar permanente, sino ampliar la cooperación con entrenamiento, equipos y operaciones conjuntas en contra del crimen organizado.
El miércoles pasado llegó a la capital la comandante de la Guardia Costera de los Estados Unidos, la almirante Linda Lee Fagan, quien reafirmó el compromiso de apoyar a Ecuador en las tareas en contra de las amenazas transnacionales que se producen en el mar.
Publicidad
Como parte de su visita, la autoridad suscribió el acta de compromiso para la entrega de dos patrulleros de 33,5 metros de la Guardia Costera norteamericana a la Armada del Ecuador. En el evento participaron la canciller Gabriela Sommerfeld Rosero y el comandante de la Armada, Jaime Vela.
Se precisó que las embarcaciones no tienen un costo para el régimen ecuatoriano, pero sí tendrá que asumir el reacondicionamiento y transporte.
Publicidad
“Los Estados Unidos se enorgullecen de su apoyo para ampliar las capacidades de defensa y seguridad y de la cooperación a través de nuestro Acuerdo Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas y el Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas, cofirmados con el Ecuador en 2023. Estos acuerdos, al igual que otros acuerdos bilaterales similares en todo el mundo, regulan los parámetros operativos para el personal militar estadounidense que temporalmente presta servicio en Ecuador para realizar entrenamientos, desarrollar capacidades o entregar recursos. Aunque los Estados Unidos no tienen planes de solicitar permiso a Ecuador para establecer una presencia militar permanente en el Ecuador, ampliamos y profundizamos nuestra cooperación a través de entrenamiento, equipos, infraestructura, operaciones conjuntas, entre otras actividades, para enfrentar nuestros desafíos de seguridad compartidos”, describe un comunicado oficial de la sede diplomática estadounidense, divulgado este 19 de septiembre de 2024.
Así también, este viernes, la Oficina de Cooperación en Seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos (U. S. Southern Command) donó un proyecto de construcción tipo hangar para la manutención y readecuación de lanchas ribereñas, que está valorada en $ 1,5 millones.
El objetivo es facilitar el mantenimiento de embarcaciones del Centro Logístico Regional AUCA, ubicado en la frontera norte, según se transmitió en la red social X.
La visita de la almirante Linda Fagan se da en medio de la iniciativa del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, de proponer una reforma parcial a la Constitución relacionada con la cooperación internacional en materia militar.
El proyecto plantea eliminar del artículo 5 de la carta magna el inciso que impide el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones extranjeras con propósitos militares; y prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.
Con ello, plantea que solo se quede la frase “El Ecuador es un territorio de paz”.
Noboa envió su pedido a la Corte Constitucional (CC) el 16 de septiembre para que determine si la vía adecuada para hacer esta modificación es la reforma parcial, contemplada en el artículo 443 de la norma, lo que implicará que sea tratada y aprobada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates; y, de tener aceptación, se eleve a referéndum para un pronunciamiento popular.
Después del sorteo, la causa le correspondió al juez constitucional Enrique Herrería Bonet, quien elaborará el proyecto de dictamen para conocimiento y resolución del pleno de nueve jueces, lo que podría tomar unos 30 días, tomando en cuenta los plazos establecidos en el Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Corte.
La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional permite que la ciudadanía o sectores de la sociedad civil puedan intervenir a través de amicus curiae para que sean analizados o tomados en cuenta por los magistrados en el momento de emitir su sentencia.
En los primeros cuatro días que la causa se encuentra en trámite, llegó un amicus curiae de la fundación de Juristas en Acción y Victoria, presidida por Grace Ruso Chauvin, que expone a los jueces que se rechace y declare inconstitucional la propuesta de reforma parcial porque pretendería vulnerar su derecho soberano a que no exista ninguna injerencia de un país extranjero.
A la Asamblea Nacional la organización 1800Migrante, situada en los Estados Unidos, envió una comunicación a su presidente, Henry Kronfle Kozhaya, en la que respalda el proyecto de cambio constitucional, pero creen que debería servir a los ecuatorianos que viven en el exterior.
Uno de sus representantes, Williams Murillo Vera, sugirió que, de llegar a tratarse el articulado en la Asamblea, se pida a cambio que los Estados Unidos aprueben el estatus de protección temporal, conocido como TPS, para los ecuatorianos, y que los convenios con las bases militares con ese país se extiendan por el mismo periodo para la vigencia del TPS.
“Si se firma un convenio por diez años para el uso de nuestro territorio, el TPS en Estados Unidos para los ecuatorianos será también de diez años”, indicó Murillo. (I)