“He venido a dar mi versión en el caso Caja Chica, porque el país necesita un baño de verdad. Yo trasladé por disposición del presidente (Rafael) Correa dinero desde Venezuela a Ecuador”.
Lo dicho el viernes último por Santiago Díaz Asque, un exintegrante del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) que fue suspendido como asambleísta al ser procesado por el delito de violación contra una menor de 12 años, dentro de una investigación abierta por la Fiscalía para analizar el origen de los fondos de la campaña electoral presidencial del movimiento de la RC en 2023, se transforma en el nuevo dolor de cabeza del correísmo y sus líderes.
El 27 de enero último, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, notificó a siete integrantes de la RC de una investigación previa que arrancaba y a la madrugada del día siguiente se dieron los primeros allanamientos en lo que hoy se conoce como el caso Caja Chica. Entre las viviendas allanadas estaban la de la excandidata presidencial en 2023 de la RC, Luisa González; la del actual asambleísta por Pichincha del correísmo y exgerente de la aerolínea estatal TAME, Patricio Chávez; y la de Suad Manssur, exsuperintendenta de Compañías entre 2011 y 2018.
Publicidad
González, Chávez y Manssur eran parte de la lista de notificados dentro de una indagación abierta por una denuncia reservada que hablaba del ingreso en efectivo de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de la RC de 2023. Esa lista se completaba con los nombres del excandidato presidencial y exsecretario del movimiento de la RC Andrés Arauz; los exministros de Economía y Finanzas del correísmo, Patricio Rivera y Fausto Herrera; la abogada en libre ejercicio que intervino en el caso Sobornos 2012-2016, Bibian Hernández; y el propio líder del correísmo, el expresidente Rafael Correa.
Dos días después de estos allanamientos dentro de la investigación previa por el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, Díaz Asque llegó a la sede de la Fiscalía, en el norte de Quito, y en una versión libre y voluntaria de casi cinco horas habló de lo que conocía sobre la financiación desde tierras venezolanas para la campaña presidencial de la RC que tenía como binomio en 2023 a González y Arauz.
Para el asambleísta del bloque correísta Ricardo Patiño, la investigación, los allanamientos y la versión de Santiago Díaz son parte de un “teatro mal hecho”. Luego de escuchar a los abogados de los investigados, Patiño afirma en su cuenta de la red social X que “nada cuadra, ni nada tiene sentido” en lo dicho por su excoideario.
Publicidad
“Son tan básicos que ni siquiera para montar un show les alcanza: se contradicen, se equivocan y la desesperación se les nota en cada movimiento. Cuando el poder actúa así, ya no busca verdad: busca sobrevivir al escándalo. No es justicia: es teatro mal hecho”, señaló.
Galo Lara, actual gobernador de la provincia de Los Ríos y quien ha dicho públicamente que fue perseguido por el Gobierno de Rafael Correa, destaca lo dicho por Santiago Díaz Asque en el caso Caja Chica porque no lo está señalando alguien que es opositor, sino una persona que fue parte de las propias filas del correísmo. “Hoy no habló la oposición. Habló el propio relato del correísmo que se derrumba. Luisa (González), cuando se confiesa un correísta, se acabó la mentira de que no había para la gasolina. Luisa González: a confesión de parte, relevo de pruebas”.
Publicidad
La actual presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, no ha emitido pronunciamiento directo sobre lo dicho por Santiago Díaz Asque. En su cuenta personal de X se limitó a repostear lo dicho en esa red social por coidearios como Luisa González y Rafael Correa, quien dijo que Díaz afirmó en su versión que “él no es traidor pero, como lo han dejado solo, su lealtad es únicamente para su familia y unos pocos amigos. Como que quiso darle un sustento ‘moral’ a su testimonio. Si fuera cierto que es inocente y que se lo dejó ‘solo’, ¿qué ganaría jurídicamente prestándose a esto? ¡Está reconociendo que ha negociado —en forma antijurídica— su caso de violación con la Fiscalía y el Gobierno!”.
Sobre el dinero que dijo haber traído a Ecuador desde Venezuela por orden del Rafael Correa, el líder del correísmo escribió en X: “Díaz dijo que trajo dinero en abril de 2023 para la campaña presidencial de Luisa, pero las elecciones anticipadas recién se decretaron en mayo. Luisa era asambleísta, ni sabía que iba a ser candidata y tampoco era presidenta de la RC5. Algún día les contaré por qué utilizan esa fecha. Dentro de su maldad son bastante brutos”.
El exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de Guillermo Lasso, Diego Ordóñez, recordó que, cuando finalizó el periodo de Correa como presidente de Ecuador, un periodista en una columna comentó información sobre maletas llenas llevadas por Ricardo Patiño a Venezuela, y piensa que no sería nada raro que “allá estaba la fuente del financiamiento de campañas y de la holgada vida de Rafael Correa”.
Desde el movimiento oficialista de Acción Democrática Nacional o el Gobierno de Daniel Noboa no se han emitido pronunciamientos sobre lo dicho por Santiago Díaz sobre el supuesto movimiento de dinero de Venezuela a Ecuador ordenado aparentemente por Rafael Correa, ni tampoco sobre el presunto acuerdo que existiría entre Díaz, la Fiscalía y el Gobierno para una posible reducción en la pena que se le imponga en el caso por violación o el ofrecimiento de beneficios penitenciarios a cambio de la declaración judicial.
Publicidad
Díaz Asque en noviembre pasado fue llamado a juicio como el autor directo de la violación investigada y se mantiene internado en una celda de la Cárcel 4 de Quito. Desde ahí fue trasladado a la Fiscalía para su versión en el caso Caja Chica.
Esta no es la primera vez que el legislador suspendido de la Asamblea y expulsado de la RC es llevado a la Fiscalía General. En los últimos meses, él ha llegado al edificio matriz de la Fiscalía, pero no se conoce oficialmente si mantiene algún tipo de cooperación con la justicia en este o en otras causas analizadas o será también incluido a la investigación de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. (I)
