El juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, entra a la etapa de presentación de alegatos de los cuatro asambleístas que presentaron la solicitud de juicio y de la defensa del primer mandatario, en medio de un ambiente que ya no despierta interés de los asambleístas que deberán definir con su voto si absuelven o destituyen al primer mandatario.
La mañana del lunes 24 de abril, se presentaron siete abogados y constitucionalistas incluidos funcionarios del Gobierno respecto al alcance de las acusaciones y la procedencia o no del juicio al primer mandatario. Esos criterios alimentarán lo que será el informe motivado que deberá presentar la Comisión de Fiscalización para conocimiento del pleno el próximo 7 de mayo.
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El interés de los legisladores que pertenecen a las dos fuerzas políticas (UNES-PSC), que plantearon la solicitud de juicio político al presidente, Guillermo Lasso, bajó en el quinto día de comparecencias, no más de cinco legisladores asistieron, en la mañana, por corto tiempo a escuchar a los convocados. A diferencia de la semana anterior donde coparon las curules del salón.
También el sector oficialista redujo la presencia de sus legisladores y aliados en el salón de ex senado donde sesiona la comisión y se reúne para escuchar y recibir las pruebas. La defensa del primer mandatario también se quedó sola con sus asesores jurídicos y algunos servidores legislativos que asisten a los legisladores.
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Inclusive en la sesión de este lunes no estuvo presente Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), una de las proponentes del juicio. El abogado del presidente de la República, Edgar Neira, escribió en su cuenta de twitter: “en las comparecencias de esta mañana 24-4-2023, la asambleísta Mireya Pazmiño acusadora del presidente Lasso, brilló por su ausencia. ¿Ya no le interesa el juicio político?
El único altercado que se presentó fue un reclamo que hizo el legislador, Fernando Villavicencio, que continúa apelada su presidencia, al delegado del PSC ante la Comisión de Fiscalización, Pablo Muentes, sobre su ausencia en la mesa mientras se procesa el juicio. Muentes levantó la voz para explicar que no asistió porque estaba con un problema de salud con su esposa en los Estados Unidos y que mandó las justificaciones correspondientes.
“Aprende a respetar, sino yo te hago respetar, dónde quieras”, desafió Montes a Villavicencio, y éste le respondió “yo sé como te haces respetar”.
Alegatos finales
La presidenta encargada de la sesión, Ana Belén Cordero, convocó para el miércoles 26 de abril, a las 09:00 a la sexta reunión de la Comisión de Fiscalización, y estará destinada para recibir los alegatos de los cuatro asambleístas proponentes del juicio: Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (separado del bloque ID).
Ellos tendrán que fundamentar las razones que llevaron a plantear el juicio político y revelarán ante los nueve miembros de la comisión las pruebas que sustentan su solicitud de juicio al primer mandatario.
Lo principal en sus argumentos, según el legislador Rodrigo Fajardo, es que el presidente Guillermo Lasso, tuvo conocimiento del entramado de corrupción que venía dándose en Flopec EP con Amazonas Tanker; en ese sentido el ex gerente de la empresa pública, Johnny Estupiñán, puso “en previo conocimiento al presidente Lasso, en febrero de 2022, de que estaba dándose este tipo de corrupción”.
Fajardo insiste que Lasso Mendoza, tenía pleno conocimiento de los hechos de corrupción y no actuó; es decir, “omitió actuar y no hizo nada para poder evitar todo este entramado de corrupción; sin embargo, dio amplias facultades a algunos directivos como Hernán Luque Lecaro, quien tenía toda la potestad para seguir manejando las empresas públicas”.
El peculado en este contrato, insistió el legislador proponente del juicio, se puede comprobar porque el primer mandatario tenía pleno conocimiento y dio amplias facultades para que se puedan desviar los fondos públicos. Pero el legislador no determinó el monto de los fondos públicos desviados; y aclaró que “nosotros estamos buscando la responsabilidad política, no estamos buscando justamente desde cuándo se dio este tipo de contratos y adendas”.
El legislador Fajardo recalcó que la distracción de recursos de la empresa pública permitió que se favorezca a Amazonas Tanker, con ganancias del 100%.
Respecto al informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico sobre el caso Flopec - Amazonas Tanker, donde la legisladora Mireya Pazmiño, una de las acusadoras en el juicio, señala que se registran utilidades a favor del Estado en este contrato. El legislador Rodrigo Fajardo, dijo que eso ya se aclaró, que ese informe fue elaborado con información borrador que fue entregada por Flopec. Y anticipó que ese informe no será tomado en cuenta en los alegatos que los cuatro acusadores presenten en la sesión del martes. “No pensaría que se equivocó la comisión, sino que se hizo el informe de buena fe, en base a la información que le dio ese rato la empresa pública”, puntualizó.
Descargos del acusado
El mismo día miércoles 26 de abril será la presentación de los alegatos del Presidente de la República, pero en esta etapa de cierre de pruebas no acudirá el primer mandatario, lo hará ante el pleno de la Asamblea siempre y cuando pase a esa etapa, afirmó el secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, quien indicó que en este juicio los asambleístas deben fallar en razón de la verdad, de lo que se ha presentado en el proceso.
Para ello, recordó que el Ejecutivo durante la exposición de pruebas documentales, presentó el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker, que se firmó en el 2018 y 2020, es decir, en el gobierno anterior.
Luego, los fiscalizadores deberán observar lo que hizo el actual Gobierno, para ello, agregó que existen pruebas de que el directorio de Flopec, presentó una denuncia ante la Fiscalía, y además pidió a la Contraloría General del Estado que realice un examen y se recogió todas las recomendaciones.
Ortiz advirtió que los asambleístas no pueden votar porque “así me voy en contra del Presidente de la República, sino motivarlo con elementos que hay dentro del proceso”.
El alegado conllevará hacer un resumen de lo que ha pasado dentro del proceso de juicio a nivel de la mesa de Fiscalización, pues se hará referencia a las comparecencias realizadas por ex funcionarios de Flopec y el informe de la Comisión de Régimen Económico respecto a Flopec y Amazonas Tanker.
Todo lo que resuelva la Asamblea Nacional debe estar acorde al dictamen emitido por la Corte Constitucional, afirmó Ortiz, y para ello, desde el Ejecutivo se solicitó a la Corte Constitucional que realice un seguimiento de su dictamen dentro del proceso de juicio. (I)