La inasistencia del abogado de Santiago Díaz Asque, exintegrante del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) que fue suspendido como asambleísta, obligó a que la mañana de este jueves, 26 de marzo, los jueces del Tribunal de Juicio de Pichincha declaren fallida la diligencia en la que se iba a juzgar al exlegislador del correísmo como autor del delito de violación contra una menor de 12 años.
La declaratoria de los jueces penales de Pichincha Pablo Coello Serrano (ponente), Galo Rumiguano y Milton Maroto Sánchez se dio pese a que la Sala de Juicio ya había negado un pedido de diferimiento hecho por la defensa de Díaz Asque, argumentando temas de salud.
Pese a la decisión, de forma oral los jueces convocaron a los sujetos procesales para el 16 y 17 de abril próximo, para instalar la etapa de juzgamiento. El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) define penas de 19 a 22 años de cárcel para la persona que incurra en el delito de violación.
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El 22 de julio de 2025 arrancó la instrucción fiscal en este caso. A tan solo horas de que el aún asambleísta nacional Díaz Asque se entregó en el sector de Tumbaco, en el nororiente de Quito, a la justicia para que se le formulen cargos, la jueza Carla Olalla, de la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de Pichincha, le definió la medida cautelar de prisión preventiva y dispuso que la instrucción tenga una duración de 60 días.
Esos dos meses se cumplieron el 22 de septiembre pasado, cuatro días después de que se concretó el traslado del legislador suspendido desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil, hasta la denominada Cárcel 4, en Quito. Díaz Asque fue trasladado desde la Cárcel 4 hacia La Roca el 5 de agosto de 2025, debido a una alerta de amenaza contra la integridad de ambos. Ese traslado quedó insubsistente el 18 de septiembre pasado.
La entrega del legislador suspendido se produjo luego de que la Fiscalía mantuviera acercamientos con su defensa, como parte de la línea investigativa manejada. Díaz Asque decidió presentarse ante la justicia y se definió como punto de encuentro en la parroquia de Tumbaco. En ese momento se hizo efectiva la orden de detención con fines de formulación de cargos emitida por la jueza Olalla contra el ciudadano de 56 años.
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La representante de la Fiscalía en este caso presentó 25 elementos de convicción para sustentar su teoría del caso y solicitó que se dicte la prisión preventiva de Díaz Asque, pues, dijo, no existen garantías de que el entonces legislador comparezca a las instancias del proceso, tomando en cuenta, además, que el sospechoso evadió a la justicia durante varios días, tal como constaba en los partes policiales presentados en la diligencia.
Entre los principales elementos expuestos por la Fiscalía en la audiencia constan el testimonio anticipado rendido por la niña, las versiones de su padre, de su madre y su hermana. Estos últimos relatos coincidirían con lo que la víctima expuso respecto de los hechos que habrían ocurrido en diciembre de 2024 y que son investigados por la Fiscalía.
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Además, expuso partes policiales de los allanamientos ejecutados en la casa del procesado, en donde se levantaron como indicios teléfonos celulares, credenciales y una memoria flash.
Ante la denuncia de la supuesta violación, la Fiscalía abrió una investigación previa y realizó, entre el 9 y el 13 de julio pasado, cinco allanamientos en los que se incautaron documentos, dispositivos electrónicos, diez celulares, entre otros indicios. Al analizarse un delito de violación y estar involucrada una menor de edad, el proceso es reservado.
En noviembre pasado Santiago Díaz Asque fue llamado a juicio como autor directo de la violación investigada y se ha mantenido internado en una celda de la Cárcel 4 de Quito.
El 30 de enero pasado, el expulsado de los registros del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) fue trasladado hasta la Fiscalía para rendir una versión en el caso Caja Chica, investigación previa en la que se analiza el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y han sido notificadas ocho personas relacionadas con el correísmo.
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En el caso Caja Chica se analiza el origen de los fondos de la campaña electoral presidencial de la RC en 2023. Entre los investigados están el expresidente Rafael Correa; la abogada en libre ejercicio que intervino en el caso Sobornos 2012-2016, Bibian Hernández; los exministros de Economía y Finanzas del correísmo Patricio Rivera y Fausto Herrera; el excandidato presidencial y exsecretario del movimiento de la RC Andrés Arauz; la excandidata presidencial en 2023 de la RC, Luisa González; el actual asambleísta por Pichincha del correísmo y exgerente de la aerolínea estatal Tame, Patricio Chávez; y Suad Manssur, exsuperintendenta de Compañías entre 2011 y 2018.
“He venido a dar mi versión en el caso Caja Chica, porque el país necesita un baño de verdad. Yo trasladé por disposición del presidente (Rafael) Correa dinero desde Venezuela a Ecuador”, señaló Díaz Asque a su salida de la versión que rindió en enero pasado. Se conoce que el exlegislador correísta estaría colaborando con Fiscalía en esa indagación y es por esa razón que él ha acudido por varias ocasiones al edificio principal de la Fiscalía, en el norte de Quito.
La última vez que estuvo en la Fiscalía Santiago Díaz Asque fue el 18 de marzo pasado. En ese día, dijo su abogado, el acusado del delito de violación ratificó su versión inicial dada dentro del caso Caja Chica. (I)
