A horas del debate de la proforma 2026, asambleístas de Acción Democrática Nacional (ADN), de la Revolución Ciudadana (RC) e independientes expresaron sus posturas sobre el presupuesto general del Estado que envió el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional.
El informe de la proforma, que fue elaborado por la Comisión de Régimen Económico, se conocerá este sábado, 29 de noviembre de 2025, en la sesión nº. 055, convocada para las 13:00.
El oficialismo defiende la planificación hecha por el Ejecutivo. Nathaly Farinango (ADN), presidenta de la Comisión de Régimen Económico, repasó que el informe fue aprobado una vez que se verificaron los supuestos macroeconómicos, como el crecimiento económico, el precio por barril de petróleo, la proyección petrolera para 2026, así como las preasignaciones presupuestarias para salud y educación.
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“Esperamos que mañana la mayoría del pleno de la Asamblea Nacional pueda aprobar la proforma presupuestaria y que el 1 de enero de 2026 ya se ponga en marcha”, estimó la legisladora y precisó que después de dos años es la primera proforma que no tiene un presupuesto prorrogado.
Sobre las observaciones de la oposición, Farinango defendió que todos los supuestos macroeconómicos están debidamente justificados, ya que, agregó, “se apegan a la realidad y es el Gobierno nacional que debe cumplir con la proforma”.
Su coidearia Ana Belén Tapia (ADN) sostuvo que el presupuesto general del Estado para 2026 abre la posibilidad de generar igualdad y justicia en varios sectores del país y refuerza, dijo, a la educación, salud, empleo, gobiernos autónomos descentralizados, servicios básicos, saneamiento y vialidad.
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“También hace correcciones importantes como la eliminación del subsidio al diésel, que era un tema que estaba mal dirigido, y ahora tenemos incentivos reales para la gente que realmente lo necesita”, recalcó Tapia.
El correísmo, en cambio, alertó de inconsistencias. La asambleísta Mónica Alemán, integrante de la mesa de Régimen Económico, observó que la proforma nació con un déficit estructural de $ 1.802 millones, violando la regla fiscal. “Además, simula inversión en salud y educación con más de $ 5.600 millones en partidas que no se ejecutarán y hemos sido testigos con lo que está pasando este 2025″, dijo.
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La legisladora examinó también que es un presupuesto opaco ya que oculta el destino de los $ 1.500 millones recaudados por el alza del IVA para seguridad. Y puntualizó que es “regresivo para 19 universidades públicas y abandona a los gobiernos autónomos descentralizados con las deudas pendientes por parte del Gobierno”.
“Este presupuesto como está planteado es insostenible porque prioriza el servicio de la deuda sobre la inversión pública”, resaltó.
Verónica Iñiguez, también de la RC, recalcó que la proforma presupuestaria se fundamenta sobre unos supuestos macro económicos ‘incumplibles’, tan optimistas, consideró, que la vuelven irreal.
La asambleísta especificó que aunque se apega al crecimiento que demanda la Constitución, en la práctica, el presidente Noboa ha demostrado poca capacidad de ejecución presupuestaria.
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“Es decir, el papel aguanta todo, presenta cifras que en la práctica no serán ejecutadas. Claro ejemplo de esto es que para el año 2025 solo ha ejecutado +/_ 53% en educación y en 45% en salud”, recalcó Iñiguez.
Al igual que su compañera de bancada, la legisladora alertó que de los $ 11 197,09 millones declarado en el Plan Anual de Inversiones, $ 9 015,62 millones se destinan para pago de deuda y costos de sentencias internacionales. Es decir, acotó, “la inversión real es de 2 187,47 millones, que es lo mismo que decir que invierte 4,33 veces más en pago de deuda que en infraestructura pública”.
Por último, la asambleísta de la Revolución Ciudadana opinó que la proforma es inflada y poco real de cumplimiento, por lo que no será aprobada de esa forma. En este sentido, dijo que es urgente que el Presidente y su Gabinete presente un presupuesto real y ajustado a lo que demanda la Constitución y no la carta de intención firmada con el FMI.
Por su parte, Cristian Benavides, asambleísta independiente, expresó su preocupación por la proforma presupuestaria del Gobierno, ya que, explicó, existe un desfase de más de $ 5.000 millones, sus números reflejan que es un presupuesto extremadamente agrandado.
“Hablamos de más de $ 16.000 millones que el Gobierno se compromete a buscarlos. Preocupa también el pago de la deuda, más de $ 12.000 millones y $ 5.000 millones de deuda interna. Eso nos deja preocupados porque la gran cantidad de recursos se van al pago de deuda”, manifestó.
Benavides anticipó que en la sesión de este sábado el oficialismo deberá explicar de dónde se obtendrán los recursos estimados en la proforma para obra pública y cubrir las necesidades de los ecuatorianos, lo cual definirá su postura en la votación de la proforma 2026.
La proforma presupuestaria del Gobierno para el próximo año asciende a $ 46.255,57 millones. Toma en cuenta un producto interno bruto de $ 139,046 millones con una proyección de crecimiento de 1,8 %.
La estimación del precio promedio de exportación del crudo es de $ 53,5, que con relación al 2025 disminuye en $ 8,7.
También disminuye el volumen de producción de petróleo, pues en el 2026 se ubicará en 165,5 millones de barriles, cuando en el 2025 está contemplado en 169,9 millones. (I)
