Que la Contraloría General del Estado investigue contratos de asesoría legal y psicológica que bordearían los $ 10 millones que adjudicó la Embajada de Ecuador en España para ayudar a los migrantes ecuatorianos por las hipotecas, es el pedido que hizo el asambleísta Esteban Torres. De estas asesorías, 98 de cada 100 casos se perdían.