Las familias que no cuentan con viviendas o que habitan en condiciones precarias o inseguras —como casas de caña, con pisos de madera o tierra, o techos de zinc— podrán ser certificadas como beneficiarias de vivienda de interés social. Estas últimas serán reconstruidas desde cero mediante el apoyo de la empresa privada, que podrá destinar parte de su impuesto a la renta a este fin.
Así lo explicó la asambleísta Valentina Centeno (ADN), al detallar cómo se aplicará la ley urgente que la Asamblea Nacional prevé aprobar este jueves, 26 de marzo del 2026.
El proyecto busca reformar la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social.
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La donación del impuesto a la renta del sector privado por construir viviendas de ese tipo tendrá un máximo del 30 % de impuesto causado.
Según Centeno, el proyecto es bastante sencillo y cuenta con el respaldo suficiente de votos, esto es, más de 77 voluntades. La nueva ley establece un plazo de 90 días para la entrega de las casas, contados desde que se perfecciona la escritura pública.
En caso de incumplimiento de estándares o hallazgos de vicios ocultos por parte de las constructoras, el Estado podría exigir la restitución íntegra del beneficio tributario sin perjuicio de las demás acciones legales a las que hubiese lugar.
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La ley establece que para la construcción de viviendas de interés social se priorizarán territorios donde se registren mayores niveles de déficit habitacional, pobreza o necesidades básicas insatisfechas.
Son viviendas 100 % gratuitas y lo importante de esta ley, añadió Centeno, es que se va a hacer la entrega de la casa y el terreno. Son casas, explicó, que no pasan de los $ 65.000, pero son viviendas dignas que les van a brindar un techo seguro a cerca de 700.000 familias ecuatorianas que en este momento necesitan de una casa.
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La legisladora de ADN, que preside la Comisión de Desarrollo Económico, afirmó que el Ministerio de Infraestructura y Transporte tiene ya un registro social que permite calificar e identificar cuáles son esas familias que podrían ser potenciales beneficiarias, sea porque no tienen una vivienda o porque se encuentran en viviendas realmente deplorables.
Centeno dijo que Manabí es una de las provincias con mayor déficit habitacional, las provincias de la Costa son las que tienen este problema con mayor gravedad por la afectación del invierno.
El ente rector de las finanzas públicas, el ente rector de hábitat y vivienda y el Servicio de Rentas Internas evaluarán anualmente el impacto fiscal y económico de la aplicación de esta ley y su articulación con el Plan Anual de Inversiones y el Presupuesto General del Estado.
Según la propuesta del Ejecutivo, el proyecto es una herramienta de política pública orientada a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar el déficit habitacional, movilizar recursos hacia infraestructura social prioritaria y contribuir al desarrollo económico sostenible del país.
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El asambleísta de oposición Héctor Rodríguez anticipó que su bancada Revolución Ciudadana (RC) no dará su apoyo al proyecto urgente, porque considera que los beneficios de esta ley se destinarán a las grandes empresas de inmobiliarias y constructoras, que tienen más de $ 180.000 de impuesto a la renta causado, de los cuales pueden beneficiarse por la entrega de al menos una casa.
Rodríguez señaló que el Gobierno pretende, con un grupo pequeño de constructores, solucionar un problema de vivienda, cuando se está hablando de al menos 700.000 soluciones habitacionales necesarias en el país.
Indicó que el Estado debería tener una política pública basada en evidencia y soluciones reales para enfrentar un problema tan importante como el déficit habitacional.
Advirtió que con esta ley se busca perjudicar al erario público, porque es un gasto fiscal que genera distorsiones en las finanzas públicas, cuando se necesitan muchos recursos para la atención en hospitales, medicinas y saneamiento. Así como los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados.
Este proyecto de ley se acopla al proyecto de ley de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, que permite al presidente de la República declarar la condición de proyectos de vivienda estratégicos en el país.
Esta propuesta fue discutida el pasado martes, 24 de marzo, en segundo debate y solo espera el texto final que presente la Comisión de Gobiernos Autónomos para someter a votación.
El planteamiento, a más de otorgar atribuciones al primer mandatario para determinar los proyectos de vivienda estratégicos, otorga un plazo máximo de 30 días para que los municipios autoricen el uso y gestión de suelo, y, con ello, dar paso a la construcción de las viviendas de interés social. (I)
