La Asamblea Nacional está contra el tiempo para tramitar la iniciativa popular presentada el 2 de marzo de 2026, que propone un proyecto de ley orientado al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la convivencia social pacífica.
El proceso, que en principio debería seguir un curso técnico y administrativo, se ha visto marcado por vacíos normativos, retrasos en la conformación de la comisión encargada de tramitar la propuesta y tensiones políticas entre las bancadas Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC).
Según lo establece el artículo 9 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el órgano legislativo dispone de un plazo de quince días para verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la iniciativa y pronunciarse mediante resolución del pleno.
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No obstante, la aplicación de esta disposición ha generado incertidumbre debido a la ambigüedad de la norma, que no define con claridad desde cuándo debe comenzar a contarse ese plazo: si desde la fecha de ingreso del proyecto o a partir de la conformación de la comisión calificadora.
La iniciativa, denominada Acuerdo por la seguridad, fue impulsada por el concejal del Distrito Metropolitano de Quito Wilson Merino. El proyecto busca crear un cuerpo de protección ciudadana que articule la acción de distintas instituciones públicas bajo el liderazgo de los municipios de cada ciudad, en un intento por enfrentar los problemas de inseguridad en el país desde una lógica más territorial.
Pese a la relevancia del tema, el trámite legislativo no ha avanzado con celeridad. El 31 de marzo de 2026, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 83 votos a favor, la conformación de la comisión calificadora encargada de revisar la iniciativa. Esta quedó integrada por los asambleístas Mario Amado Zambrano (ADN), Sandra Figueroa (RC) y Pablo Jurado (Construye, aliado de ADN).
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Sin embargo, hasta el momento, la comisión no ha mantenido una sola reunión, lo que ha incrementado la presión sobre los plazos legales. Esta comisión, según el procedimiento, no entra a analizar el contenido ni el fondo de la propuesta, se limita a verificar aspectos formales del proyecto como la unidad de materia, la exposición de motivos, los considerandos y la estructura del articulado.
La situación se tornó aún más compleja durante la sesión plenaria n.º 86, realizada el miércoles 15 de abril, cuando la asambleísta Sandra Figueroa presentó su renuncia a la comisión calificadora. En su intervención, aseguró que tomaba esta decisión “con pesar” y en coherencia con los lineamientos de su bancada legislativa.
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De forma inmediata, el legislador Álex Morán, del bloque oficialista ADN, mocionó que el pleno acepte la renuncia de Figueroa y designe en su reemplazo al asambleísta por Galápagos David Arias, quien antes pertenecía a la RC y ahora es considerado aliado del oficialismo.
En la carta de renuncia, Figueroa explicó que su decisión responde a la necesidad de actuar con coherencia, organización y lealtad a los principios de su bancada, Revolución Ciudadana (RC).
Además, sugirió que en futuras designaciones se priorice el consenso entre las distintas fuerzas políticas, como una forma de fortalecer el diálogo y la representación democrática dentro de la Asamblea.
Su intervención en el pleno evidenció el nivel de tensión política que atraviesa el Legislativo. Figueroa cuestionó tanto a su propia bancada como al bloque oficialista, criticando la falta de respeto y las disputas internas. Rechazó que su lealtad política sea puesta en duda por el simple hecho de haber sido nominada para integrar la comisión.
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“Yo merezco respeto”, expresó, al reprochar actitudes dentro de su bloque que, según dijo, buscan encasillar o descalificar a los legisladores por decisiones puntuales. También enfatizó que no necesita formar parte de una comisión para demostrar su compromiso con la ciudadanía.
No puede ser posible que una persona que lleva muchos años en la RC, por el simple hecho de ser mocionada, se quiera “pensar ya soy morada o que soy desleal, me molesta esta actitud, compañeros de mi bancada, yo merezco respeto”, regañó.
Durante su intervención, la legisladora hizo un llamado a dejar de lado las confrontaciones políticas y enfocarse en el trabajo legislativo. Recordó que la población enfrenta problemas urgentes, particularmente en materia de seguridad, y cuestionó que las disputas internas distraigan de esas prioridades.
Figueroa también se refirió a la situación de su cantón, Durán, señalando que espera cambios concretos en beneficio de la ciudadanía. En ese contexto, afirmó que no le importa quién lidere esos procesos, siempre que se logren resultados. Incluso mencionó al presidente de la República, Daniel Noboa, indicando que desearía que su gestión tenga éxito si ello implica mejoras para la población.
Asimismo, exhortó tanto a la Revolución Ciudadana como al bloque oficialista ADN a abandonar posiciones extremas y abrir espacios de diálogo. Comparó la dinámica política con conflictos familiares, señalando que este tipo de enfrentamientos no contribuyen a resolver los problemas del país.
“Esto no es una escuela ni una vecindad”, dijo, al rechazar la politización de decisiones que, a su juicio, deberían responder a criterios técnicos y de responsabilidad institucional. También reiteró que, pese a su desacuerdo, acata la decisión de su bancada por un principio de lealtad, aunque insistió en que lo hace con pesar.
Tras su intervención, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, suspendió la sesión a las 12:49 del mismo miércoles 15 de abril. Hasta el momento no se ha informado cuándo se reinstalará la sesión n.º 86 ni cuándo se resolverá la reconfiguración de la comisión calificadora.
Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo para el Legislativo. La normativa vigente establece que una iniciativa popular no puede ser rechazada salvo por incumplimiento de requisitos formales. En caso de existir observaciones, estas deben ser notificadas a los proponentes, quienes disponen de un plazo de 30 días para subsanarlas antes de que el órgano competente decida sobre su admisibilidad.
La comisión calificadora evaluará aspectos formales como la coherencia temática, la claridad en la redacción de los artículos, la existencia de una exposición de motivos y la correcta clasificación del proyecto como ley orgánica u ordinaria.
En este contexto, la falta de avances en la comisión y las disputas políticas internas generan incertidumbre sobre el futuro de la iniciativa ciudadana.
La resolución de este caso será clave no solo para el proyecto de seguridad, sino también para sentar precedentes sobre cómo se gestionan las iniciativas populares en el país, en medio de un escenario político marcado por la fragmentación y la confrontación entre fuerzas legislativas. (I)
