Asamblea Nacional prepara la cancha para el juicio político al presidente Guillermo Lasso en medio de promesas, anuncios y negociaciones

El dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional para que se inicie el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, provocó el repliegue en las bancadas legislativas en su afán de buscar una sola línea política frente a un proceso de interpelación que durará al menos 45 días.Los cinco sectores políticos que actúan en el Parlamento improvisaron reuniones y consultas con sus líderes políticos sobre los pasos a dar durante el procesamiento del juicio que estará a cargo de la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por el asambleísta nacional Fernando Villavicencio.Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó para este 31 de marzo a las 09:30 a sesión virtual al Consejo de Administración Legislativa (CAL), “para conocer y resolver respecto al dictamen n.º 1.23-DJ/ 23 de fecha 23 de marzo, emitido por la Corte Constitucional y remitido a la Asamblea Nacional en la misma fecha, sobre la solicitud de juicio político en contra del señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente de la República”.Ese será el primer paso que dará la Asamblea Nacional en cuanto al inicio del procesamiento del juicio político, luego pasará a conocimiento de la Comisión de Fiscalización, donde se tendrán que observar plazos para la presentación de pruebas de cargo y de descargo, comparecencias hasta llegar a la aprobación de un informe; aunque desde esa mesa se advierte de vacíos en la norma en caso de que no haya un informe de mayoría que recomiende o no el juicio político al pleno.La bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES) aprovechó la mañana para tener reuniones y hubo poca exposición de sus legisladores ante la prensa. Tras las consultas, la asambleísta de Imbabura Pamela Aguirre afirmó que como proponentes del juicio político se comprometen a tener más cuidado en los escritos que se realicen para no cometer más errores. Que el dictamen de la Corte los llena de esperanza de que haya la posibilidad de que desde la Asamblea se decida el futuro del país luego de la interpelación.Que dialogaron con las distintas bancadas legislativas y que la mayoría está de acuerdo en que vaya a juicio el presidente Guillermo Lasso, porque ya no cuenta con el respaldo popular y el país entero está convulsionado, que la delincuencia, asesinatos y sicariato son cosas que no se pueden seguir normalizando. En cuanto al procedimiento, dijo que será el pleno quien resuelva qué se hará en la Comisión de Fiscalización, porque hay varias solicitudes de juicio en cola y al mismo tiempo la ley señala que cuando se trata de un juicio político al primer mandatario, el trámite debe ser de inmediato.Aguirre aclaró que continúa la mayoría coyuntural que existe a nivel del Parlamento entre UNES y PSC, que no se ha roto ningún diálogo; por el contrario, se ha fortalecido en el afán de llevar a Guillermo Lasso a juicio político. En ese acuerdo están, dijo la asambleísta, UNES, PSC, ID y varios independientes. Aseguró que la solicitud de juicio se ajusta a la norma constitucional y que existen causales, pues la Corte Constitucional ha dado paso por el tema de peculado, porque “el presidente Guillermo Lasso conocía y consentía todo el perjuicio para el Estado en beneficio para terceros; pues el peculado no necesariamente tiene que ser para beneficio propio”. Desde el bloque socialcristiano, Pedro Zapata comentó que existe un preacuerdo entre varios legisladores y bancadas para obtener los 92 votos que se necesitarán para la censura y destitución del presidente Guillermo Lasso.Sin embargo, dejó abierta la duda de que al momento haya los votos para la censura. “Habrá que ver”, pero hay un preacuerdo entre los que participaron en la elaboración del informe sobre el caso El Gran Padrino y luego entre los que participaron en la presentación del juicio como UNES, PSC, Pachakutik, ID y algunos independientes. La bancada Pachakutik, a criterio de su coordinador Mario Ruiz, se ratifica en lo resuelto por el consejo político de que si el juicio político pasa el filtro de la Corte Constitucional apoyarán el proceso contra el presidente Guillermo Lasso, pero habrá que analizar cómo viene el dictamen de la Corte y las pruebas que se presenten, porque no ha hecho una valoración en los temas de fondo y las causales.“Tocará ver qué presentan los interpelantes”, reiteró Ruiz Jácome, quien no deja de lado su afirmar de que este juicio es un tongo, y lo que se busca es que “los negocios progresen”; pero se comprometieron a vigilar que en el proceso se cumpla con la ley y que se presenten pruebas irrefutables.Descartó que Pachakutik sea parte de un preacuerdo con UNES y PSC, esas dos bancadas deberán responder por sus afirmaciones; “nosotros como Pachakutik vamos a ver qué llega a la Comisión de Fiscalización”. El oficialista Juan Fernando Flores (BAN) dijo que si bien la Bancada Acuerdo Nacional puede estar en desacuerdo con el dictamen de la Corte Constitucional, eso no implica que no se acatará la resolución. Por lo tanto, esperan que la solicitud de juicio contra el primer mandatario se procese lo antes posible, pues “hoy (se) inicia una cruzada de 45 días por la democracia de este país”.En lo que corresponde a la bancada de Gobierno, dijo que están listos, prestos y dispuestos en lo que será la defensa dentro de la Comisión de Fiscalización, y advirtió que en 45 días que implicará el procesamiento de la interpelación todo puede pasar, y que no se puede dar por sentado que haya los 92 votos para la censura y destitución.“En esta Asamblea Nacional a la hora de la verdad no se alcanzan los votos, por qué adelantarnos a decir que ya están constituidos, los diálogos continuarán con las bancadas legislativas como se ha venido llevando siempre, y estableceremos una hoja de ruta que nos permita dar estabilidad al país, pero sobre todo, que la agenda del Ecuador sea por encima de una agenda particular”, subrayó Flores, quien mantuvo reuniones con 24 legisladores de su bancada. En la tarde esperaban reunirse con el presidente Guillermo Lasso, en Carondelet.El legislador oficialista afirmó que la aplicación de la muerte cruzada es un elemento constitucional que está dentro de la decisión que tome el presidente de la República y que no requiere de un dictamen de la Corte Constitucional. (I)

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