El martes 24 de septiembre están convocados los 137 asambleístas para conocer y resolver el pedido realizado por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, de que se fiscalice a las ministras del Trabajo, Ivonne Núñez, y de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, por supuesta persecución política.
El titular de la legislatura, Henry Kronfle, convocó a la sesión plenaria 963 para este martes a partir de las 09:30, pero antes se incluyen dos temas relacionados con un reconocimiento al Cuerpo de Bomberos de Los Ríos y una comisión general para recibir a mujeres representantes de distintas organizaciones sociales del país.
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Pedido
El pasado 18 de septiembre, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, mediante un oficio, solicitó a la Asamblea Nacional que fiscalice a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y a la canciller Gabriela Sommerfeld, por supuesta persecución política.
El requerimiento lo hizo con base en lo que determina el numeral 23 del artículo 66 de la Constitución, que reconoce “el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas”.
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Según Abad, desde los decretos ejecutivos que la nombraron: primero embajadora, para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina; luego, el que dispuso que permanentemente esté físicamente en la oficina consular en Tel Aviv bajo la idea de precautelar el buen uso del gasto público; y, finalmente, en el que la asignó embajadora en Israel.
Estas acciones, dice la vicepresidenta en el escrito, constituyen un trato persecutorio y denigrante en su contra desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el caso de la ministra del Trabajo, su pedido está relacionado por el sumario administrativo que se le inició en esa cartera de Estado, atribuyéndole indebidamente funciones que no le corresponden. Abad sostiene que el procesamiento y una eventual destitución de su cargo solo es competencia de la Asamblea Nacional.
El Ministerio del Trabajo abrió un sumario administrativo a la vicepresidenta de Ecuador el 10 de septiembre de 2024, porque aparentemente habría incumplido la orden emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de llegar a Ankara antes del 1 de septiembre. Verónica Abad llegó el lunes 9.
Concretamente Abad pide que “con base en los antecedentes expuestos, la normativa legal aplicable y los motivos señalados” se fiscalice y realice control político a ambas ministras y “se determine su responsabilidad política en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de otras responsabilidades derivadas de los hechos denunciados”.
En su misiva, Abad autorizó a los abogados Damián Armijos Álvarez, Dominique Dávila Silva y Éric Erazo Arteaga para que de forma individual o conjunta la representen en el proceso.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, dijo que será el pleno el que tendrá que resolver según los argumentos que se incluyen en la carta remitida y el Parlamento se pronunciará mediante resolución que será pública.
Kronfle anotó que es preocupante lo que está pasando, porque la forma de destituir a un vicepresidente de la República está tipificada en la Constitución; entonces, “nos preocupa que cualquier mecanismo que se utilice vaya en contra de la Constitución”. No quiso adelantar si la fiscalización pueda recaer en juicios políticos contra las dos ministras. (I)