Los gremios y asociaciones que conforman la cadena de producción de proteína animal y el sector agroindustrial del Ecuador hicieron un llamado público a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional exhortando a que el trámite del proyecto de Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Animales se realice de manera responsable, equilibrada y con un sustento técnico sólido.
La mesa de Biodiversidad tiene previsto reunirse este viernes, 6 de junio, a partir de las 15:00 para la aprobación del texto final de la votación del proyecto, tomando en cuenta que el segundo debate en el pleno concluyó el 12 de mayo pasado y regresó a la comisión para que se recojan las observaciones. La sesión convocada será vía telemática.
El asambleísta Franklin Samaniego (RC), durante el segundo debate en el pleno, planteó la moción de archivo del proyecto y no fue aprobada en el pleno. Esta vez, pidió a la mesa que se permita la participación como asambleísta por un día a uno de los representantes del grupo animalista.
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La bancada de la Revolución Ciudadana insistirá en la moción de archivo del proyecto y de momento apela a la bancada oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), para que respalde su posición de archivo, pues el Partido Social Cristiano (PSC) anunció que el proyecto como está concebido debe aprobarse. En tanto que el grupo de asambleístas de Pachakutik espera conocer el texto final para tomar una postura.
Pedido
El sector agropecuario pidió a los asambleístas de la Comisión de Biodiversidad que en el trámite, en la última fase de estructuración del informe, se observe lo que dispone el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esto es, que se recojan las observaciones presentadas por lo legisladores durante el segundo debate. Si se recogen los cambios, el ponente tendrá la obligación de indicarlos antes de la votación.
Los gremios reconocen que el proyecto surge como cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, pero señalan que en el proceso de construcción normativa han evidenciado enfoques que, en algunos puntos, se alejan tanto de la realidad del país como de los principios del bienestar animal basado en criterios científicos y productivos.
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Advierten de los riegos de exponer a la Asamblea Nacional a una situación de incumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Constitucional, por motivos políticos o por atender intereses particulares, poniendo en riesgo la seguridad jurídica y el bienestar social.
El sector agropecuario recuerda que, en octubre de 2024, un grupo animalista ingresó a la Corte Constitucional una acción de seguimiento en contra de la Asamblea Nacional de la sentencia 253-20-JH/22, donde solicita “que, de ser el caso, en atención a lo determinado en el artículo 436, numeral 10, de la Constitución de la República, la Corte Constitucional considere, de manera provisional, expedir la normativa conforme las disposiciones, parámetros y criterios mínimos establecidos en la sentencia…”.
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Los gremios y asociaciones de la cadena de producción de proteína animal sostienen que exponer a la Asamblea Nacional a una situación de incumplimiento de la referida sentencia abre la puerta a que la acción descrita sea ejecutada y que la Corte Constitucional, con la presión de grupos animalistas, emita una normativa que ponga en riesgo la producción, la soberanía alimentaria, el desarrollo, el empleo, la reactivación económica y la paz social.
Este sector productivo considera que el proyecto actual presenta avances importantes, pero siempre será perfectible en su búsqueda de proteger a los animales sin desdibujar la diferencia entre sus derechos y los derechos humanos, y que considere las necesidades sociales, económicas y alimentarias del país.
Para este sector gremial, una ley adecuada debe promover el bienestar animal conforme a estándares nacionales e internacionales, respetando las competencias de las autoridades nacionales vigentes; además, reconocer los derechos de los animales sin equipararlos a los derechos de las personas.
También sostiene que la ley debe proteger la soberanía alimentaria, considerando tanto la realidad urbana como rural del Ecuador, garantizar la libertad individual de elección alimentaria, resguardar la competitividad del sector agroindustrial, el derecho al empleo y el acceso a alimentos de la canasta básica, así como alimentos indispensables para cumplir con la política de hambre cero que propone el Gobierno e impulsar la eficiencia en la producción para proteger la economía de los ciudadanos.
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La construcción de esta ley debe evitar imposiciones parciales y responder al interés general, garantizando el buen vivir, la soberanía alimentaria y un trato responsable hacia los animales. (I)
