Este jueves, 5 de marzo de 2026, la Asamblea Nacional decidirá si levanta la inmunidad parlamentaria a los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios y Juan Andrés González.
El presidente del Parlamento, Niels Olsen, convocó para las 11:00 a la sesión del pleno 075, en modalidad virtual, para conocer los pedidos de autorización de los jueces nacionales Mercedes Caicedo y Javier de la Cadena para procesar penalmente a los legisladores del correísmo.
La magistrada Caicedo conoce la querella que presentó Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional y legisladora de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) en contra de Mónica Palacios por el delito de calumnia.
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La querella se deriva de publicaciones en redes sociales y declaraciones de Palacios en entrevistas.
Mancheno alega que, el pasado 7 de enero, la correísta “difundió en su cuenta personal de la red social X, un mensaje público y un video dirigido a cientos de miles de usuarios, en el cual formuló una serie de afirmaciones directas, nominativas y categóricas sobre ella, atribuyéndole la comisión de delitos graves tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)”.
En la publicación, señala el expediente, la denunciada expresó que la Asamblea Nacional le habría impuesto una nueva sanción “por exponer los presuntos vínculos de la asambleísta Mishel Mancheno y su esposo Álvaro Guivernau, presidente de Noboa Trading, con Mario Godoy”.
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Mancheno dice que en el mismo mensaje, Palacios “reiteró la existencia de supuestas relaciones delictivas entre su cónyuge y la empresa Noboa Trading, señalando que la misma está denunciada en la Fiscalía General del Estado por tráfico de drogas, sugiriendo que ella participa, encubre o facilita dichas actividades”.
La querella también recuerda que el mismo 7 de enero, durante una entrevista con un medio digital, Mónica Palacios realizó una serie de afirmaciones públicas y categóricas que atribuyen directamente a Mancheno, a su esposo y a terceros, la comisión de delitos graves “relacionados con narcotráfico, tráfico de influencias y obstrucción de la justicia”.
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“Estas imputaciones fueron emitidas sin sustento documental, judicial o procesal alguno y difundidas a través de medios digitales de amplia circulación”, dice el texto.
Por otro lado, en el pleno de la Legislatura también se conocerá el pedido del juez Javier de la Cadena para levantar la inmunidad parlamentaria y proceder con el enjuiciamiento penal contra Juan Andrés González por una querella que presentó la legisladora de ADN, Naila Quintana, también por calumnia.
La acción fue presentada el pasado 17 de diciembre de 2025 por las declaraciones que hizo el coordinador de la bancada de la RC el pasado 10 de diciembre de 2025, en una rueda de prensa, afirmó que los integrantes de ADN son “terroristas”.
Como medidas de reparación, Quintana pide que González pague $ 50.000 y que se disponga tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo, la prohibición de aproximación o comunicación directa con ella, sus familiares u otras personas dispuestas en sentencia, y que emita una carta de disculpas públicas.
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El delito de calumnia está establecido en el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que dice:
“La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años...”
Para levantar la inmunidad parlamentaria a los asambleístas Mónica Palacios y Juan Andrés González se requiere el apoyo de la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, esto es, al menos 101 votos de los legisladores. (I)
