La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició, este 30 de marzo, el trámite del juicio político en contra del exministro de Salud Juan Carlos Zevallos, sobre quien pesan doce acusaciones relacionadas a la ma gestión de la adquisición de vacunas y del plan nacional de vacunación contra el coronavirus COVID-19, irregularidades en la emisión de carnés de discapacidad y desvinculación del personal de salud durante la emergencia sanitaria.
La solicitud de juicio la plantearon los asambleístas Ángel Sinmaleza (antes de SUMA) y Pabel Muñoz (RC), quienes pidieron una serie de comparecencias y entrega de documentación oficial que permitirían mostrar el incumplimiento del exfuncionario.
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Tras la lectura de los expedientes presentados en contra de Zevallos, el presidente de la Comisión, Elio Peña (PK-BIN), mocionó la calificación y unificación de las solicitudes del juicio político y aprobar el cronograma de trabajo.
Según el cronograma de la Comisión, el informe final del juicio se presentaría el 29 de abril próximo, aunque pueden solicitar cinco días de prórroga.
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Renuncia del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, no detiene juicio político
La presentación de pruebas de cargo y de descargo empezará desde este 31 de marzo y los primeros en comparecer serán los dos interpelantes del exfuncionario.
Zevallos deberá rendir su versión ante la comisión el 14 de abril, luego habrá diez días más de pruebas de parte del interpelado, y posteriormente habrá cinco días para que la Comisión presente el informe a conocimiento del pleno de la Asamblea.
El exministro está acusado de la falta de entrega de información a la Asamblea Nacional sobre el plan de vacunación; ineficiencia en el otorgamiento de equipos de protección de personal para los profesionales de la salud frente a la pandemia; falta de transparencia en el número de muertos por COVID-19, entre otras causales.
En el expediente, Muñoz indica que los asambleístas no “”pueden seguir soportando, menos aún ser cómplices de la negligencia administrativa del Gobierno, más aún si ello ha significado la pérdida de vidas humanas y ha provocado que el Ecuador esté entre los países que peor ha manejado la pandemia producida por el COVID-19″.
Pedidos de información y comparecencias
Los asambleístas Mónica Brito (RC), Elio Peña (PK-BIN) y José Serrano (AP) plantearon pedidos de comparecencias y la ejecución de diligencias dentro del proceso de sustanciación del juicio.
Serrano pidió que dentro del procesamiento del juicio político contra Zevallos se requiera la comparecencia del ex presidente de la República Osvaldo Hurtado; del periodista Diego Oquendo; del ministro de Energía, René Ortiz; y, de la actual ministra de Turismo, Rosi Prado, para que sirvan como testigos de que todo el proceso de vacunación “fue parcializado hacia ellos”, según el planteamiento del asambleísta.
En las solicitudes de información se incluyen pedidos de información al Ministerio de Salud sobre los nombramientos otorgados al personal de primera línea que durante la pandemia estuvo trabajando con contrato ocasional o nombramiento provisional.
Acusaciones en contra del exministro Zevallos
1.- Supuesta entrega fraudulenta de carnés de discapacidad fundamentada en un proceso de fiscalización que realizó la Comisión de Salud de la Asamblea nacional, así como la falta de acciones de control de parte del Ministerio de Salud en la entrega de estas credenciales.
2.- Incumplimiento en la aplicación del artículo 25 de la Ley Humanitaria, referente a la entrega a todos los trabajadores y profesionales de la salud, que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria, el nombramiento definitivo, para tal efecto concedía un plazo de seis meses; es decir, hasta el 22 de diciembre, lo cual no se produjo.
3.- Adquisición ineficiente de vacunas contra el COVID-19 y falta de entrega de información a la Asamblea nacional sobre el plan nacional de vacunación; mal manejo del plan de vacunación; mal uso de recursos públicos y tráfico de influencias en el proceso de distribución de vacunas.
4.- Ausencia de otorgamiento de equipo de protección personal para los profesionales de la salud.
5.- Insuficiente adquisición de pruebas diagnósticas del COVID-19.
6.- No transparentar cifras del número de muertos en exceso durante la emergencia sanitaria, pues el Ministerio de Salud no proporcionó información real sobre el número de fallecidos.
7.- Extraviar cuerpos de personas fallecidas durante la emergencia sanitaria, y que la emisión de protocolos para el manejo de cadáveres durante la pandemia fue tardía, lo que provocó la acumulación de cadáveres sin identificar la identidad y la causa de la muerte.
8.- Desvinculación de personal de la salud en medio de la pandemia e insuficiente contratación de profesionales de la salud. Existen varias denuncias ciudadanas relacionadas a despedidos de trabajadores y profesionales de la salud en diversas zonas del país situación que agravó la atención de salud.
9.- Falta de control sobre las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública, como consecuencia de una investigación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se determinaron indicios de responsabilidad penal por presunto delito de peculado en tres contrataciones con posibles sobreprecios en la compra de bolsas para embalaje de cadáveres.
10.- Desabastecimiento de vacunas y medicamentos, y se afirma que durante la pandemia en la mayoría de los 1.871 puntos de la red pública de salud hubo escasez de la vacuna pentavalente.
11.- Emisión irregular de carnés de discapacidad y que tras una investigación realizada por la Comisión de Salud se demostró que existió falta de voluntad política para controlar el proceso de emisión de carnés lo que ha permitido que se produzcan actos de corrupción.
12.- Insuficiente adquisición de vacunas COVID-19 y alteración del plan nacional de vacunación; que el anuncio de que llegarán 86.000 vacunas y finalmente solo arribaron 8.000, así como el incumplimiento del plan de vacunación emitido por el Ministerio de Salud habla de una dotación insuficiente de vacunas para una población que supera los 17 millones de habitantes. (I)