Aquiles Alvarez pide que el juicio del caso Triple A sea transmitido por plataformas digitales; jueza Consuelo Tapia reemplaza a Carlos Serrano en tribunal

La jueza Consuelo Tapia será el reemplazo temporal del juez Carlos Serrano dentro del Tribunal de Juzgamiento del caso Triple A, en el que se procesa a 22 personas naturales y jurídicas acusadas como autoras y cómplices del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. Tapia se suma a los jueces anticorrupción Jorge Sánchez (ponente) y Gabriela Lara.

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La notificación del reemplazo se hizo conocer en una providencia del 19 de diciembre pasado, dos días después de que el juez anticorrupción Serrano, el 17 de diciembre último, anunció que dejaba de asistir a su despacho debido el riesgo que mantenía él y su familia al no tener seguridad y al existir amenazas de muerte generadas en un caso por narcotráfico en el que se sentenció al serbio Yezdimir Srdán, quien fue identificado como la cabeza de una estructura destinada a ocultar y legitimar capitales provenientes del tráfico de drogas.

Con la colocación de la jueza Tapia, el Tribunal de Juzgamiento queda completo, por lo que sigue vigente la convocatoria para instalar la audiencia de juicio el próximo 24 de diciembre, a las 14:30, en la sala 208 del Complejo Judicial Norte, en Quito. Inicialmente estaba previsto que la etapa de juicio arranque el 21 de enero de 2026, pero el juez Sánchez, quien reemplazó en la ponencia al magistrado suspendido Christian Fierro, adelantó la fecha en aplicación del principio de celeridad y una vez revisada la disponibilidad de la agenda del Tribunal de Juzgamiento de la Unidad especializada en Corrupción y Crimen Organizado.

El 19 de julio pasado, el juez anticorrupción Renán Andrade decidió llamar a juicio a las 16 personas naturales y las seis empresas que recibieron un dictamen acusatorio de Carlos Leonardo Alarcón, entonces fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y hoy fiscal general encargado. Alarcón pidió que sean llamadas a juicio como autores del delito investigado diez personas naturales y seis empresas, mientras que seis personas más fueron acusadas en calidad de coautoras de la comercialización ilegal de hidrocarburos.

En el caso Triple A la Fiscalía analiza la existencia de una relación de las seis personas jurídicas (empresas) investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel. Con base en pericias existentes, la Fiscalía determinó que en Triple A se habría cometido un delito en alta escala, al existir un perjuicio económico de $ 61′502.658,39, correspondiente a 22′777.191,80 galones de combustible entre diésel y gasolina.

A decir de la Fiscalía, varias estaciones que adquirieron combustibles se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotor, industrial y naviero.

El 16 de diciembre pasado arrancó la instrucción fiscal de Triple A contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. y las personas jurídicas (empresas) Fuelcorp S. A., Copedesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiésel S. A. Para el 10 de abril siguiente, el juez anticorrupción Andrade, por pedido de Fiscalía, decidió vincular a Aquiles Alvarez, actual alcalde de Guayaquil, y a otras diez personas naturales sospechosas y a la empresa Harsajudi S. A.

En estos últimos días han existido pedidos de diferimiento de la audiencia del próximo miércoles 24 de diciembre, pero el presidente de la Sala ha negado argumentando que no existe una fecha cercana que esté libre para poder reagendar la diligencia y también porque hay otras causas a las que ya se ha convocado a audiencia y en las que existiría peligro de la caducidad de la prisión preventiva.

Por otra parte, procesados como Olga Cecilia O. L., Édgar Moisés F. T. y Juan Dionisio A. S. han solicitado que se les permita asistir a la audiencia por vía telemática, debido a que se encuentran en provincia y se les hace difícil el traslado para los días 24, 28, 29 y 30 de diciembre próximos. Este pedido ha sido contestado favorablemente, entregándoles un link de conexión. Luego de notificada la providencia del 19 han ingresado nuevos pedidos, los cuales aún no han sido resueltos, para que se les permita a procesados y a sus defensas asistir vía Zoom a la audiencia.

Un pedido que tampoco ha sido respondido es el hecho por Ramiro García Falconí, abogado del alcalde Aquiles Alvarez, respecto de que la audiencia de juzgamiento del caso Triple A sea pública y transmitida por plataformas digitales.

A decir de García, la presente causa reviste una indiscutible relevancia pública y social, no solo por la naturaleza de los hechos sometidos a juzgamiento y su vinculación con delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, sino también por la calidad de uno de los procesados, quien actualmente ejerce el cargo de alcalde de Guayaquil, ‘autoridad de elección popular cuya actuación se encuentra sujeta a un alto estándar de control democrático, transparencia y escrutinio ciudadano’.

“El desarrollo de la audiencia de juzgamiento trasciende el interés estrictamente individual de las partes procesales, configurándose como un asunto de legítimo interés nacional, lo cual refuerza la necesidad de adoptar medidas que garanticen la máxima publicidad posible del acto jurisdiccional, mediante mecanismos que permitan un acceso real, efectivo y transparente de la ciudadanía a su desarrollo. (...) El juzgamiento de una autoridad de elección popular, como es el caso del alcalde de Guayaquil, refuerza el deber del Estado de garantizar la máxima transparencia posible, permitiendo el control social legítimo sobre la actuación jurisdiccional, sin que ello implique afectación alguna a los derechos de las partes ni a los principios de inmediación, contradicción u oralidad”, refirió en su escrito la defensa de Aquiles Alvarez.

Ramiro García parte su defensa de que no hay delito, de que la ARCH y Petroecuador, a través de Fiscalía, acusan de una supuesta comercialización ilícita de combustibles inexistente. El abogado deja en claro que nada dentro de esta investigación tiene que ver con su actividad actual como alcalde de Guayaquil, sino que se estaría acusando de supuestas conductas, las cuales se habrían producido cuando Alvarez era representante legal de una compañía comercializadora de combustibles.

Para García, la comercializadora de combustibles funciona como una intermediaria entre las estaciones de servicio, las gasolineras y Petroecuador. Es decir, anota, cuando una estación de servicio solicita, por ejemplo, 1.000 galones, la comercializadora paga esos 1.000 galones a Petroecuador, es sometido este pedido a una serie de controles, después de lo cual se despachan los 1.000 galones a la comercializadora, la cual entrega, a su vez, a la estación de servicio.

El abogado del alcalde de Guayaquil asegura que la comercializadora no puede vender un solo galón por fuera de aquello que la estación de servicio solicita y quien vende al consumidor final es la estación de servicio.

“Este caso es tan tirado los cabellos que se está tratando de responsabilizar al señor Aquiles Alvarez, en su calidad de entonces representante legal de la comercializadora, por el combustible que, eventualmente, alguna de las 24 estaciones de servicio que eran clientes de esa comercializadora habrían realizado a consumidor final. Específicamente, una estación de servicio en Morona Santiago, en El Pangui, de la cual el señor Aquiles Alvarez no es ni propietario ni administrador ni nada”, sostuvo Ramiro García. (I)