La exministra de Energía de Ecuador Andrea Arrobo ha emitido un comunicado en el que denuncia una serie de represalias y persecución política en su contra tras su salida del Gobierno en medio de la crisis energética que enfrenta el país. Arrobo revela que a pesar de haber intentado alertar sobre la grave situación del sector, su capacidad de informar fue limitada por el Ejecutivo. “Pudiendo humillar públicamente al régimen, decido no hacerlo en el marco del juicio político”, indicó Arrobo, quien no se presentará este miércoles al pleno de la Asamblea Nacional.
En su mensaje, Arrobo explica que, aunque posee pruebas de haber informado al presidente de la República sobre la crisis energética y las medidas necesarias para enfrentarla, teme por su vida y la seguridad de su familia si decide revelar la información públicamente. “Si le enseño al país los chats entre el presidente de la República y yo, en los que le informo de la crisis energética; si les pruebo cómo insistí en hacerlo público para que la ciudadanía esté preparada y poder controlar los racionamientos; si la ciudadanía se da cuenta de que me prohibieron hablar y hasta me cancelaron la rueda de prensa que preparé, entonces mi vida y la de mi familia habrá acabado”, afirma la exfuncionaria.
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Arrobo también destaca que la crisis energética que enfrenta el país, provocada por una serie de factores climáticos y estructurales, no fue considerada relevante para el Gobierno durante el proceso de consulta popular de abril de 2024. “Una crisis hídrica no era rentable para la consulta popular de abril de este año y me callaron”, expresó en su comunicado.
La exministra subraya que, en el contexto político actual, se la ha acusado de paralización de servicio público y traición a la patria, mientras que otros exfuncionarios del sector energético no enfrentan las mismas consecuencias. Asegura que la denuncia en su contra tiene un objetivo político: “Este doble estándar no solo es injusto, sino que confirma que la denuncia presentada en mi contra en la Fiscalía tuvo por objeto desviar la atención de la ciudadanía en un contexto político en donde necesitaban un chivo expiatorio”, sostiene.
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En cuanto a su trabajo al frente del Ministerio de Energía, Arrobo detalla que desde su llegada al cargo se dedicó a gestionar soluciones para evitar apagones en el segundo semestre de 2024, anticipando una posible sequía. Según señala, se enfrentó a un déficit energético de al menos 1.600 MW y una falta de inversión acumulada de más de 10.000 millones de dólares. “Como ministra, desde el 24 de noviembre de 2023 me dediqué a destrabar procesos burocráticos para evitar apagones”, afirma y detalla que uno de los logros fue la incorporación de 220 MW de centrales térmicas que se encontraban fuera de operación cuando asumió el cargo.
A pesar de estos avances, Arrobo denuncia que, tras su salida del ministerio, los proyectos se detuvieron y se desestimaron las acciones que había impulsado. Además, revela que la información técnica que presentó fue enviada a la Comisión de Fiscalización para su análisis, aunque no ha sido considerada en los procedimientos judiciales.
La exministra también hace referencia a las consecuencias personales que ha enfrentado debido a su situación, señalando que la persecución política ha tenido un impacto negativo en su vida profesional y financiera. “Es difícil encontrar trabajo en un sector donde enfrentarse al Gobierno genera temor”, lamenta.
Finalmente, Arrobo expresó su decisión de no participar en el juicio político en su contra y afirmó que su comparecencia solo serviría a intereses electorales y no a la justicia. “No arriesgaré mi vida, mi libertad y la seguridad de mi familia para satisfacer intereses ajenos a las verdaderas necesidades del país”, concluyó. (I)