Amenaza de muerte contra una postulante a dirigir la Defensoría Pública

La corona de flores llevaba una cinta con el mensaje “Que en paz descanse”. El arreglo llegó al despacho de la jueza Maritza Romero Estévez, en la Corte Provincial de Pichincha, la tarde del jueves pasado. Dos días después, la madrugada del sábado, al salir de una reunión social, un vehículo la persiguió y le ocasionó varios choques buscando detener su marcha. La magistrada denunció ambos eventos en la Fiscalía.

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Romero es la tercera mejor puntuada en el concurso para dirigir la Defensoría Pública que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Además, es jueza de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha.

La magistrada planteó la denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de intimidación, la mañana del sábado pasado. Asimismo, puso en conocimiento de los vocales del CPCCS lo ocurrido.

En la denuncia, la jueza relató ambos eventos. Señaló que el jueves, a las 16:50, recibió un mensaje de su asistente vía WhatsApp informándole que la corona de flores dirigida a ella había llegado a su despacho. Romero ordenó que avisaran a un policía de la Corte, quien fotografió el arreglo y realizó un parte.

Minutos después, agregó Romero en la denuncia, llegó a su oficina el conductor de un taxi de una aplicación digital, quien manifestó que había sido contratado por un usuario anónimo, quien lo contactó desde un número telefónico extranjero para que retirara el arreglo floral de ese despacho judicial.

Dos días después, a las 02:00 del sábado, la magistrada salió de una reunión social junto con su pareja y se embarcó en su auto para dirigirse al domicilio. En el camino se percataron de que un vehículo los perseguía, por lo que intentaron huir, pero el desconocido aceleró y les ocasionó varios choques para que detuvieran su marcha, señala la denuncia.

En medio de la persecución, Romero llamó a la Policía pidiendo auxilio. Al lugar acudió personal de tránsito que logró interceptar al vehículo.

La jueza es parte del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (SPAVT), de la Fiscalía General del Estado. Tras estas amenazas, su nivel de riesgo fue reevaluado y ahora se encuentra con custodia policial permanente. (I)