Allanamiento marca el inicio de la recta final de la instrucción contra Tannya Varela, excomandante de la Policía, y otros acusados de divulgar información de circulación restringida

Con el allanamiento a un inmueble ubicado en Pomasqui, en el norte de Quito, realizado la madrugada de este miércoles, 4 de marzo, arrancan los quince días finales de la instrucción fiscal abierta contra la general (sp) Tannya Varela, excomandante general de la Policía; el capitán (sp) Rodney R. y el coronel José Luis E., ambos de la Policía Nacional, por el delito de divulgación de información de circulación restringida. El 19 de diciembre pasado, en una audiencia de calificación de detención y de formulación de cargos de más de seis horas, la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, María de los Ángeles Montalvo, dispuso el inicio de una instrucción fiscal de 90 días y ordenó para los tres procesados las medidas de presentación periódica y prohibición de salida del país.En la incursión policial y fiscal ocurrida en la vivienda localizada en el extremo norte de Quito, en la parroquia Pomasqui, en el distrito La Delicia, se levantaron como indicios una memoria externa y documentos que contendrían información relevante para la causa. Todo fue ingresado en cadena de custodia para que sea periciado. Un día antes de la audiencia en la que se dio inicio a la instrucción fiscal se produjo la detención en Quito (Pichincha) de la excomandante Varela y del excapitán Rodney R., y en Manta (Manabí) se apresó al coronel José Luis E. Las detenciones se cumplieron dentro de cinco allanamientos en estas dos provincias, como parte de lo que a diciembre de 2025 era una investigación previa por el delito de difusión de información restringida. La filtración de información se habría dado en una causa declarada reservada desde altos mandos policiales. Desde la Fiscalía se explicó que como indicio de la investigación existiría la filtración de un informe reservado, por orden judicial, en una investigación del año 2021 por el delito de narcotráfico, dentro de la causa denominada León de Troya. “La información que fue producto de una investigación penal y que posteriormente fue difundida y divulgada, claramente no provino de fuentes abiertas, sino del núcleo institucional que tuvo acceso a la investigación previa número (...), configurándose así una conducta que se adecua al delito de difusión de información de circulación restringida, afectando el bien jurídico de la administración de justicia y exponiendo a operadores judiciales y policiales que intervinieron en una investigación vinculada al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización”, explicó la entonces fiscal provincial Soria, en su formulación de cargos. Pasadas las 23:00 del martes 3 de marzo último, al expediente del caso ingresó un pedido de acto urgente para detener con fines investigativos y allanar la vivienda de Martha Sofía B. C., de quien se requiere su versión, pues se presumiría tiene información de los hechos analizados. La autorización para el allanamiento, el registro del vehículo de propiedad de la sospechosa y la detención con fines investigativos de la ciudadana requerida fue dada por Luis López Guzmán, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.Además del allanamiento y la detención con fines investigativos de una persona, en la parte final de la etapa de instrucción fiscal se ha dispuesto el reconocimiento, exhibición, extracción y materialización de la información que consta en una cadena de custodia aún no explotada; así como también la información digital que fuera obtenida de la pericia de preservación de ocho links de YouTube relacionados con informes emitidos por el medio digital La Posta y dos entrevistas dadas por el entonces presidente Guillermo Lasso al medio digital Plan V. Tannya Varela es procesada en calidad de excomandante general de la Policía, mientras que el excapitán Rodney R. y el coronel José Luis E., como agentes policiales que integraron la Unidad Contra el Tráfico para el Consumo Interno (Uctci).Según la Fiscalía, los hechos se iniciaron el 13 de mayo del 2021 cuando se abrió la investigación previa por el presunto delito de tráfico de drogas, la cual se encontraba a cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional n.º 1 (Fedoti n.º 1) en Manta. La indagación estaba a cargo del fiscal Rubén Darío Balda y dentro de la cual se solicitaron autorizaciones judiciales para la aplicación de técnicas especiales de investigación, como seguimientos, escuchas, además de otras técnicas especiales de investigación que son usadas en esta clase de delitos. El fiscal Balda habría dispuesto que se delegue la investigación a la Policía Nacional, a la Uctci, y se hagan las solicitudes para la aplicación de las técnicas dirigidas a los jueces competentes de varios cantones de las provincias de Manabí, Guayas y Loja. “Dichos jueces autorizan y disponen en cada una de sus providencias la reserva de la investigación, así como de las técnicas investigativas solicitadas por el abogado Rubén Darío Balda Zambrano”, resaltó la fiscal del caso.Se indicó que posteriormente esta investigación, el 21 de marzo de 2022, fue archivada por Cristian Quinto Carpio, en calidad de juez de la Unidad Judicial Penal de la ciudad de Manta. En su resolución el magistrado también habría dispuesto que su contenido se mantenga en ‘absoluta reserva’.“Primero existió un pedido de Fiscalía para que las técnicas en la reserva de la investigación estén blindadas. Los jueces lo aceptaron y así se concedió. Pero posteriormente, aunque esta causa terminó en archivo, existió un señor juez que doblemente brindó la investigación y dijo que no se podía divulgar ni difundir ningún tipo de información de esta investigación. (...) Evidenciamos claramente que la investigación número (...), por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización que llevaba la Fedoti 1, a cargo del doctor Rubén Balda, fiscal de Manta, se encontraba bajo reservas judiciales”, insistió la fiscal provincial de Pichincha de ese momento.Soria insistió en decir que el 21 de marzo del 2022, fecha en la que el juez de la Unidad Judicial Penal de Manta dispuso el archivo judicial, esa misma autoridad ratificó expresamente la obligación de mantener la reserva absoluta de toda la información generada en la investigación del caso ya conocido como León de Troya. Para la fiscal, el juez Quinto ya dejó constancia de que cualquier divulgación posterior podría dar lugar a responsabilidades penales.Pese a la advertencia jurisdiccional, la difusión de la información que estaba restringida ocurrió en tres eventos claramente identificados por la Fiscalía.El primer evento: pese a la orden judicial expresa que existía, el 7 de julio de 2021, la general de policía Tania Varela, excomandante general de la Policía, junto con el teniente coronel en este momento José Luis Erazo, jefe de la Uctci, habrían acudido al Palacio de Carondelet y solicitaron una reunión con el entonces presidente de la República, Guillermo Lasso. Según el relato fiscal, a él le habrían entregado la información de la investigación previa relacionada con el caso León de Troya. Principalmente se habría dado la entrega de información que arrojaron las escuchas y seguimientos de esta investigación previa que tenía doble declaratoria de reserva. Segundo evento: el 12 de febrero de 2023 ocurrió una segunda difusión de la información reservada. En esta se habrían divulgado contenidos de mayor detalle, incluidos elementos propios de informes integrados, progresivos de escucha, y referencias internas por parte de Rodney Orlando R. Q., investigador de la Uctci, desde su número telefónico, a través de una aplicación de mensajería instantánea, a otro número registrado como María Cobeña, pero que en sus contactos tenía registrado como amigo Bryan.La Fiscalía presume que se trata del periodista Andersson Boscán. Esta presunción llegaría en razón de que en los contactos que poseían en otra plataforma el oficial, con otro número, lo tenía registrado como amigo Bryan. Tercer evento: con fecha 13 de febrero de 2023 existe una tercera difusión de la información. La consolidación de la exposición pública de información sensible se habría dado cuando se pasó a través de redes sociales en el medio digital La Posta, con esto, a decir de Fiscalía, ampliando el alcance de la información reservada y afectando directamente la reserva judicial dispuesta por la autoridad competente. (I)

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