Alembert Vera: Hay que revisar los concursos de autoridades con mucha cautela, no se trata de hacer borrón y cuenta nueva

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, expone los puntos principales de su agenda de trabajo, que buscará sobre todo atender todos los temas represados; por ejemplo, los concursos para elegir a las autoridades de los organismos de control o el procesamiento de denuncias de casos de corrupción que han llegado a su seno. Todo esto mientras realiza la fiscalización de los actos del presidente Guillermo Lasso, dado que ahora gobierna sin el contrapeso de la Asamblea Nacional luego de haber decretado su disolución en la llamada muerte cruzada.

¿Cómo encontraron el Consejo?

Hubo un periodo de transición de un poco más de un mes en que cada una de las áreas generó información preliminar, antes de un informe general que se solicitó; mucha de esa data eran reglamentos y normativas, pero la información de fondo no fue entregada. Como contrataciones, financiera, control social, participación. El organigrama del Consejo es diferente al de otras instituciones porque las competencias son variadas. Creo que (en el anterior Consejo) hicieron lo que pudieron, hay que valorar su trabajo, pero no pudimos hacer un levantamiento de toda la institución. Así que empezamos a trabajar medianamente con lo que nos dieron. Pero todo tiene su explicación: el anterior Consejo estuvo apenas cuatro meses, antes de eso tuvo la destitución de los consejeros, el cambio de mayorías... No ha existido una unificación de procesos. Y ese es el primer gran reto, poner la casa en orden.

¿Y por dónde empezarán a trabajar? Porque tienen varios temas pendientes, por ejemplo, los concursos de selección de autoridades, al menos tres de ellos están en un limbo pues se interpusieron acciones de protección que los han bloqueado.

No podemos, con la excusa de que lo demás está desarmado, descuidar las otras competencias. Las cuatro competencias son: participación, control social, lucha contra la corrupción y elección de autoridades. Lo que se priorizará es el trabajo en territorio. Se han activado reuniones con veedurías y observatorios ya constituidos, y luego con gremios que se integren al Consejo y fortalecer esta parte de la participación. De hecho, pensamos arrancar la próxima semana con el primer gran encuentro llamado ‘Participa Ecuador’, que será uno de los trabajos más importantes que vamos a realizar. ¿En qué consiste? Buscamos generar 221 acuerdos con los 221 alcaldes del país para tener presupuestos participativos y capacitación. Esa será el área de más relevancia, ahora es la más olvidada. En el tema del control social, queremos activar más comités de usuarios, veedurías y observatorios. Vamos a priorizar los observatorios de educación, de constitucionalidad, algunos ya están creados y lo que se hará es darle validez jurídica. Y la deuda más grande del Consejo son los concursos, que desde el 2018, desde lo que llamamos ‘trujillato’, no se ha avanzado y por eso muchas autoridades están subrogadas o con encargos. Esto afecta seriamente la institucionalidad del país. Esto es urgente. El caso paradigmático es el del defensor público, que está desde el Consejo Transitorio.

¿Qué harán entonces en esa área?

Esto hay que revisarlo con mucha cautela, no se trata de hacer borrón y cuenta nueva. Lo que se ha avanzado que sea bueno hay que continuarlo. En el caso de los concursos, hay que revisar sobre todo los temas de legalidad, porque sí encontramos que hay unos reglamentos que fueron sustituidos de forma arbitraria. Por ejemplo, el del contralor, que antes tenía un banco de 2.000 preguntas y ahora es de 60. Esto es absurdo. Para sacar una licencia de conducir tienes que estudiar más preguntas que para ser contralor general del Estado.

Le decía que hay concursos que están en el limbo jurídico por las acciones de protección que se pusieron.

Hay una confusión generada por personas que quieren hacer daño a la institución. Quisiera aclarar eso. A esta institución siempre han querido destruirla, ha recibido el ataque permanente de los últimos gobiernos en la intención de quitarle presupuesto, decir que no sirve para nada, que tiene que desaparecer... La consulta popular del 5 de febrero nos dejó legitimidad porque no solo que los ecuatorianos quieren que siga existiendo sino que quieren que conserve sus competencias. Le decía que en el caso de los concursos muchos han pretendido hacer creer que son los consejeros los que eligen directamente a las autoridades cuando lo hacen las comisiones ciudadanas. Esa es una gran falencia porque la ciudadanía no sabe cómo se desarrollan. Las comisiones tienen integrantes de la ciudadanía y de las funciones del Estado; el Consejo tiene funciones de rectoría y luego de apelación e impugnación. ¿Por qué le digo esto? Porque también hay que revisar esas comisiones. Fueron constituidas de forma irregular. No creo que están en un limbo jurídico por estas acciones de protección sino por las actuaciones internas, los cambios de reglamento...

¿Entonces sí va a hacer borrón y cuenta nueva?

No, no, porque eso tomaría mucho tiempo. Las instituciones no pueden seguir con el subrogante del subrogante. En los concursos que están ya iniciados, el Consejo corregirá estas falencias de tal manera que los procesos puedan continuar, obviamente sin violar los derechos de las personas que están participando. Porque por ello mismo es que se pusieron estas acciones constitucionales: son personas que creían que se estaban afectando sus derechos.

Pero cambiar los reglamentos a medio camino generaría el efecto contrario...

Hay dos antecedentes importantes: la destitución de los exconsejeros en la Asamblea Nacional, porque una de las causales fue justamente cambiar los reglamentos, y las sentencias que han salido de las acciones de protección que anulan todo lo practicado por el expresidente Hernán Ulloa. Con esa base jurídica nos toca hacer cumplir las decisiones judiciales. No habría vulneraciones de derechos. Hay casos que son impresionantes. En el concurso del defensor público se da más puntuación por ser abogado. Si se sigue así, arquitectos, ingenieros, educadores que estén participando sentirán que se vulneran sus derechos. Los concursos que están más avanzados son los del Consejo Nacional Electoral, Contraloría, defensor público, y se viene el recambio del Tribunal Contencioso Electoral. Otra parte que no ha salido mucho en la prensa y que estamos revisando son las superintendencias, algunas están encargadas; también en la Judicatura hay ausencia de vocales suplentes que tiene que resolver la misma entidad y nosotros la vamos a instar a que llene los puestos que no existan. Eso es parte del proceso de institucionalización.

La Contraloría es muy apetecida por los sectores políticos. Analistas dicen que quieren tomársela para generar espacios de impunidad. ¿Qué tan blindado está ese concurso para evitar que eso pase?

Entendería que esos relatos son más propagandísticos y demagógicos. También se pretende generar discursos políticos alrededor de la institución, lo cual es grave para la democracia. Insisto, eso es no conocer los procesos de selección. Valdría ver a qué partidos políticos se refieren, mucho más ahora que no hay Asamblea.

Se refieren a los partidos que eran parte de la mayoría en la Asamblea: socialcristianos y correístas.

La representación política en el país no existe, salvo en las alcaldías y prefecturas. En ese sentido el discurso de intromisión política debería disminuir bastante porque no existen ya. Las únicas autoridades nacionales de elección popular que existen son la Presidencia y nosotros.

Pero esos sectores como partidos no han desaparecido.

En el concurso de contralor ya hay postulaciones. Existe una sentencia constitucional de hace pocos días en la que se ordena específica que se retomen algunas de las características del reglamento original y se siga en el concurso. Eso ayuda a que no haya que hacer un borrón y cuenta nueva. Entiendo la preocupación ciudadana de que exista intromisión de los partidos, pero creo que se confunden porque eso era una maniobra de los ad honorem del presidente Lasso. Todos recordamos los audios de sus asesores llamando a autoridades electas diciendo que renuncien. Esas prácticas que vimos no corresponden a este nuevo Consejo.

La preocupación surge, también, por su afinidad con el expresidente Rafael Correa; usted ha sido su abogado en varios casos y se podría pensar que lo favorecerá en algún tema que lo involucre y que hasta se dé paso a su regreso al país.

Para empezar yo no soy juez y no puedo revisar ninguna resolución judicial. Y de ahí, tenemos pocos días sentados aquí, las postulaciones ya se hicieron y los concursos los manejan las comisiones ciudadanas. Segundo, hay una carga grave en esas afirmaciones. Son prejuicios hacia las personas por ejercer su profesión. Es como que yo le diga que si usted trabajó en EL UNIVERSO ya no puede irse a El Comercio. Estoy orgulloso de mi profesión y siempre la he practicado de forma honesta y lícita... Igual es la función pública. Y yo me debo a mis mandantes, cuando se califica de esa forma la actuación de los consejeros también se afecta a las personas que votaron por mí.

¿Usted es correísta? ¿Tiene contacto aún con el expresidente?

Esa información en nada debe ser relevante respecto al quehacer de la función pública... Al hacer este tipo de preguntas usted olvida que ya pasamos un filtro del Consejo Nacional Electoral en el cual se exige que no tengamos afiliación política alguna. La afinidad no puede ser cuestionada o exponerse de forma pública, esa es una garantía de todos los seres humanos. Quienes votaron por nosotros no piensan que mi profesión vaya a lesionar mi actuación en la función pública.

Otro tema que está pendiente es la lucha contra la corrupción. ¿Qué harán al respecto?

Solo en planta central hay unas 500 causas represadas. Desde el lunes (15 de mayo) que nos posesionamos estamos haciendo el levantamiento de denuncias que se han hecho en todo el país. Esto también era un foco de corrupción. Estamos identificando que hubo denuncias que se presentaron y nunca llegaban a conocimiento ni siquiera del filtro principal del área de admisiones. Era algo terrible. No queremos adelantarnos a decir nada hasta tener toda la información... También vamos a apersonarnos en temas de interés nacional que están represados u olvidados. Por ejemplo, el caso de María Belén Bernal, no es posible que se pretenda administrar justicia de una forma, no quiero decir negligente, pero sí que confunde a la ciudadanía, todo debe ser más transparente, así como el caso de las chicas de Santo Domingo y otros de índole nacional, de expresidentes, del actual Ejecutivo...

¿De expresidentes?

Por ejemplo, los INA Papers, los Pandora Papers... Hay otros casos que me llaman la atención, como el COVID-19, que hubo más de 30.000 muertos y nadie investigó nada, se hizo bulla por los contratos, venta de insumos, de puestos, pero no por los cuerpos que no pertenecían a los que fallecieron.

En los casos INA Papers y Pandora Papers, el Consejo no tiene atribuciones para indagar pues ya han sido judicializados...

No nos corresponde investigar porque no somos Fiscalía, pero sí podemos reclamar por la demora. Hay un doble estándar, unos procesos avanzan más rápido que otros. Por eso son importantes los observatorios ciudadanos y saber qué está ocurriendo. Nosotros no administramos justicia, pero sí podemos hacer contraloría social y lucha contra la corrupción. El trasfondo de estas competencias es el servicio ciudadano.

En la primera sesión del Consejo, ustedes abordaron la situación política actual y aprobaron una resolución a respecto. Como abogado, ¿qué opina usted de la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver la Asamblea Nacional?

Es una herramienta constitucional, sí, pero si usted lee el Decreto 741 del presidente Lasso, la elaboración se ha hecho en base a la obstrucción del plan de desarrollo, pero la causal que se invoca es la grave conmoción social. Para mí, desde ahí, hay una falencia en la motivación de la muerte cruzada. Es evidente que el motivo principal fue el juicio político que llevaba adelante la Asamblea. En la Constitución española, por ejemplo, se señala expresamente que cuando se está en un proceso de juicio político a un mandatario hay una prohibición de que llame a la disolución de las cámaras. Nuestra Constitución no la tiene, pero ahí viene un debate sobre la oportunidad.

Lo que ha dicho Lasso es que no lo hizo para salvarse del juicio, pues ya tenía los votos, sino para evitar que se ejecute un “plan macabro” que pasaba por la “toma” de algunas instituciones claves por parte de correístas y socialcristianos a través de juicios políticos. Por ejemplo, la Fiscalía General. Y en eso pudo tener participación también el CPCCS, que es el responsable de designar autoridades...

Ahí el hecho mata el relato. Respecto a los votos, eso de comprar conciencias en la Asamblea me parece grave para la democracia. Los motivos finalmente hay que preguntárselos al presidente. Lo que vemos desde la ciudadanía es que lo más sensato habría sido la renuncia. Como postura institucional hicimos un llamado a la paz, al orden, a que se respete la Constitución. Le toca al presidente mandar solo en el país, solo con el control de la Corte Constitucional, y por eso pusimos de relieve que la Constitución faculta al Consejo de Participación a hacer fiscalización de las leyes que se aprueben; esperamos que sean a favor de la ciudadanía.

Pero la fiscalización se entiende como un control político y eso no es atribución de ustedes...

La Constitución señala que el primer fiscalizador del poder público es el pueblo y el pueblo está representado de forma directa a través del Consejo de Participación. Claro, si usted quiere fiscalizar en la Asamblea debe ser asambleísta, pero en el caso del Consejo cualquier persona o grupo de personas se pueden constituir como veedores u observatorios y pueden fiscalizar cualquier tipo de actuación pública. (I)