En un escrito enviado al juez Jairo García, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se quejó de las actuaciones de Carlos Alarcón, quien es el agente fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía, que investiga el caso llamado Triple A.
Este proceso se inició en julio del año pasado con base en una denuncia penal del Gobierno en contra del alcalde, algunos de sus familiares y personas jurídicas relacionadas con su negocio de gasolineras. Se los acusó de comercialización ilegal de combustibles.
Publicidad
En principio, la Fiscalía acusó a cinco personas naturales y cinco jurídicas, y dejó por fuera a Alvarez. Pero hace pocos días también lo señaló a él y a diez personas más, y pidió al juez que fije día y hora para la audiencia de vinculación al proceso.
En ese contexto, Alvarez aseguró que “se ha observado un patrón sistemático que evidencia la ausencia de objetividad y parcialidad por parte del titular de la acción penal, en este caso el señor Carlos Alarcón, en su calidad de agente fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción”.
Publicidad
“Esta conducta se ha manifestado de manera consistente a través de sus actuaciones procesales, siendo particularmente notoria durante la audiencia de formulación de cargos celebrada el 16 de diciembre de 2024, así como en el desarrollo de las diversas diligencias investigativas. La parcialidad del fiscal se ha hecho notoriamente evidente en la toma de versiones, donde ha evocado criterios parcializados previo a la recepción de los testimonios de las personas convocadas por la Fiscalía. Esta actuación revela una clara predisposición que compromete la imparcialidad requerida dentro la investigación previa e instrucción fiscal, manifestando además una aparente animadversión hacia los sujetos procesales, con particular énfasis en mi persona”, cuestionó la defensa del alcalde.
Según afirma el alcalde de la ciudad, “durante todo el desarrollo de la investigación previa y la posterior instrucción fiscal, no existe una sola versión o testimonio que vincule, señale o determine mi participación en el cometimiento de algún delito. Más aún, desde el inicio de la instrucción fiscal, no se ha dispuesto ni ejecutado ninguna diligencia investigativa que tenga relación directa o indirecta conmigo; lo que manifiesta que la solicitud de vinculación procesal hacia mi persona carece de fundamentos y elementos de convicción que la sustenten”.
En el oficio, el funcionario solicita al juez que se le entreguen copias en formato digital de los audios correspondientes a la audiencia de formulación de cargos para poder ejercer su defensa.
El juez García, en una providencia, aceptó el pedido de Alvarez para sacar las copias que requiera, pero le advierte que “es de exclusiva responsabilidad de los sujetos procesales y sus abogados patrocinadores, el uso de la información sensible que consta dentro del proceso, quedando terminantemente prohibido su uso o reproducción por y ante terceros, así como su divulgación, lo cual podría acarrear responsabilidades civiles, administrativas o penales”. (I)