La bancada Acción Democrática Nacional (ADN) cerró filas en respaldo al informe aprobado por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social sobre el caso Progen y lanzó un mensaje político contundente: “Caiga quien caiga, la ley se cumple”.
A través de pronunciamientos públicos, legisladores del oficialismo defendieron el proceso de fiscalización y rechazaron las críticas que acusan al informe de eximir responsabilidades.
Para ADN, el documento recoge hechos verificables que evidencian incumplimientos contractuales de las empresas Progen Industries y Austral Technical Management (ATM) en los proyectos de generación eléctrica en El Salitral, Quevedo y Esmeraldas.
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“La fiscalización no es persecución; es cumplir con el país”, señaló la asambleísta Mishel Mancheno, quien recalcó que no existen cálculos políticos detrás del informe y que los recursos del Estado deben ser defendidos con responsabilidad.
Fiscalizar no es perseguir, es cumplir con el país.
— Mishel Mancheno (@mishelmanchenok) December 20, 2025
En ADN defendemos los recursos del Estado y exigimos responsabilidades claras.
Aquí no hay cálculos políticos: la ley se cumple, caiga quien caiga. #ProgenSeFiscaliza 🚨 https://t.co/bLHqG9dIrV
En la misma línea, la bancada oficialista sostuvo que no se protegerá a ninguna empresa ni a ningún funcionario público o privado que haya incumplido la ley.
ADN también destacó que, a diferencia de Gobiernos anteriores, el Ejecutivo actuó frente al caso: solicitó auditorías a la Contraloría General del Estado, dio por terminados los contratos, ejecutó garantías y llevó el conflicto con Progen a instancias de justicia internacional.
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“No hubo silencio ni encubrimiento; hubo decisión política y acción firme”, enfatizó la bancada, que aseguró que el presidente Daniel Noboa buscará la reparación integral para el Estado ecuatoriano.
Informe fue aprobado sin responsabilidades políticas
La reacción del oficialismo se produce tras la aprobación del informe de fiscalización del caso Progen por parte de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, la noche del viernes 19 de diciembre. El documento, de unas 80 páginas, fue aprobado sin establecer responsabilidades políticas de autoridades públicas.
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El informe concluye que, de las actuaciones realizadas en los procesos de contratación emergente para la provisión de generadores eléctricos, no se desprenden actos u omisiones imputables a autoridades públicas que configuren incumplimiento de funciones, según el artículo 131 de la Constitución.
Asimismo, señala que los contratos ya fueron objeto de exámenes especiales de la Contraloría, entidad que ha determinado responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, y que el caso también está en investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.
La aprobación del informe evidenció divisiones políticas. Los legisladores de ADN y un aliado votaron a favor, mientras que los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) votaron en contra al considerar que el documento no profundiza en las irregularidades ni determina responsables. El PSC se abstuvo.
La RC anunció que presentará un informe de minoría y cuestionó que no se haya insistido en la comparecencia de ministros de Estado vinculados al sector energético durante el periodo en que se firmaron los contratos.
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El informe será remitido al pleno de la Asamblea Nacional para su conocimiento y debate, mientras los procesos en instancias de control y en la justicia, tanto nacional como internacional, continúan en curso.
(I)
