La bancada Acción Democrática Nacional (ADN), a través de la legisladora Diana Jácome, presentó un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el que se plantea que los delitos de terrorismo y delincuencia organizada no prescriban.

El proyecto propone reformar el numeral 4 del artículo 16 del COIP, en el que se agregaría un inciso final, cuyo texto es el siguiente: “También son imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, los delitos de terrorismo y su financiación y de delincuencia organizada, cuando esta tenga como propósito cometer los delitos de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, terrorismo, actividad ilícita de recursos mineros, sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, pornografía infantil, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas o lavado de activos”.

La proponente dijo que la bancada ADN está consciente de la realidad y de las exigencias de la ciudadanía para evitar que quienes cometan delitos de delincuencia organizada no huyan del país: “Si regresan, serán detenidos; y si se esconden, serán perseguidos internacionalmente”.

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Según el razonamiento de la bancada, la reforma producirá impactos determinantes tanto en la política criminal como en la protección de derechos fundamentales. En el ámbito penal, permitirá investigaciones más completas, reducirá las oportunidades para que líderes y miembros de organizaciones criminales evadan la acción de la justicia por el simple transcurso del tiempo y reforzará la capacidad sancionadora del Estado frente a delitos que socavan su institucionalidad.

Para las víctimas, garantizará el acceso sostenido a la verdad y a la justicia, evitando que el cierre temporal de la acción penal impida el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, la reforma contribuirá a la prevención general, pues establece un mensaje normativo claro sobre la imposibilidad de eludir la responsabilidad penal en delitos particularmente graves. En el plano internacional, consolidará el cumplimiento de compromisos del Estado ecuatoriano en materia de lucha contra terrorismo y crimen organizado transnacional. (I)