La defensa de Leonardo Cortázar, procesado en el caso Encuentro y que llegó a Ecuador extraditado desde Panamá el pasado 10 de febrero, asegura que se le ha impedido entrevistarse con su cliente en la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, lo que para él significa que su representado se encuentra en completa indefensión.
La madrugada del pasado 10 de febrero, Cortázar arribó inicialmente desde Panamá al aeropuerto de Quito e inmediatamente fue llevado por vía aérea a la ciudad de Guayaquil. Desde allí fue trasladado en helicóptero a la recién construida Cárcel del Encuentro. El guayaquileño, de 44 años, fue detenido en Panamá el 20 de marzo de 2025 por agentes de la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) y ante el pedido hecho por la justicia ecuatoriana.
Gustavo García, abogado de Cortázar en Ecuador, en el escrito ingresado al expediente del caso Encuentro, proceso penal en el que se investiga el delito de delincuencia organizada, señala que, en la mañana del mismo día que fue extraditado su cliente, él viajó en avión de Quito a Guayaquil y luego por transporte terrestre hasta Santa Elena, todo con el fin de reunirse con él como derecho básico y humano de toda persona privada de libertad.
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Recordó García que la primera disposición fue que Cortázar, a su llegada a Ecuador, sea recluido en el Centro de Privación Provisional de Libertad (CPL) de Varones Pichincha n.º 1 El Inca, en Quito. Dice no entender qué generó el cambió de cárcel y que finalmente haya sido llevado al CPL en Santa Elena.
“Al llegar al primer anillo de seguridad del Centro de Privación de Libertad El Encuentro en Santa Elena, ubicado a unos 15 minutos de la cárcel, y presentarme ante los agentes como abogado defensor del compareciente se me impidió el ingreso y se me informó que nadie puede acceder al centro, limitando así la posibilidad de ejercer la defensa de manera inmediata”, explicó Gustavo García al juez anticorrupción que lleva el caso Encuentro, Renán Andrade.
Desde la presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), mediante providencia del 7 de febrero de 2026, se ordenó que se oficie al ministro del Interior, John Reimberg, para que se traslade a territorio ecuatoriano desde Panamá a Leonardo Héctor Cortázar Arcos y, una vez cumplido su arribo al Ecuador, sea trasladado e ingresado al CPL de Varones Pichincha n.º 1 El Inca.
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Pese a la disposición, se explica en la providencia del 9 de febrero último, el 29 de diciembre de 2025, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) puso en conocimiento que la Cárcel del Encuentro garantiza altos niveles de seguridad, no han existido índices de violencia u otras graves deficiencias y mantiene un porcentaje del 0 % en hacinamiento, alteraciones del orden, muertes violentas, casos de tuberculosis, evasiones e ingresos de artículos prohibidos.
“En virtud de los antecedentes expuestos, con la finalidad de garantizar la seguridad del ciudadano requerido, se dispone que, una vez cumplido el traslado al Ecuador, Leonardo Cortázar será trasladado e ingresado al Centro de Privación de Libertad Santa Elena n.º 1, debiendo comunicarse el particular a esta presidencia de la CNJ dentro del plazo de 24 horas, con el fin de legalizar su detención como la Constitución y la ley lo disponen”, anota la providencia de la Corte Nacional.
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García indicó que, como consecuencia de todo lo expuesto, se estaría vulnerando de manera directa el derecho al debido proceso y a la defensa de su cliente, al haberse privado a él, como abogado, del tiempo y los medios necesarios para ejercer una contradicción real y eficaz frente a la imputación formulada. También sostuvo que se le violentó el derecho de defensa, pues, resaltó, como garantía constitucional y convencional, debe asegurarse en todo procedimiento jurisdiccional, garantizando la igualdad de las partes y la contradicción procesal.
El abogado de Cortázar pide a las autoridades judiciales que expliquen la base normativa, administrativa o judicial que habría sustentado el cambio del lugar de ingreso y privación de libertad.
“La Corte Constitucional estableció en la sentencia (...) que la persona procesada debe contar con la asistencia legal de su elección para ejercer su defensa de modo técnico y adecuado, lo que evidencia que la imposibilidad de que esta defensa técnica acceda al Centro de Privación de Libertad El Encuentro deja al ciudadano Leonardo Cortázar en completa indefensión. Solicito a su autoridad, en su calidad de juez de Garantías Penales, (que) se indique cómo procederemos para establecer contacto con mi defendido y se disponga lo que corresponda para garantizar el ejercicio efectivo de su derecho a la defensa”, expresó García.
Leonardo Cortázar es uno de los siete procesados en el caso Encuentro por el delito de delincuencia organizada. En esta causa se procesa una red de corrupción que tenía como objetivo obtener réditos económicos de empresas públicas. Para la fiscal del caso, Luzmila Lluglla, esta estructura estaba liderada por Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Rubén Cherres, empresario asesinado en 2023 en Santa Elena, y contó con la colaboración de funcionarios públicos y privados.
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A juicio fueron llamados en agosto de 2024, además de Danilo Carrera, Antonio Icaza Morla, exgerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL); Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); y los empresarios Leonardo Cortázar, Gabriel Massuh, Karen C. y Éricka F.
Solo Carrera e Icaza llegaron a la etapa de juzgamiento. En noviembre de 2024, los jueces anticorrupción Víctor Barahona, Kevin Cabezas y Consuelo Tapia decidieron sentenciar en Encuentro como autores directos a ambos. Carrera recibió una pena de diez años de cárcel al ser ubicado como líder e Icaza fue condenado como cómplice a una pena agravada de nueve años y cuatro meses de prisión, pues se le tomó en cuenta haber sido funcionario público cuando se cometieron los actos de corrupción.
Al resto de los procesados en Encuentro se les suspendió el juicio, ya que la delincuencia organizada es un delito que no puede ser juzgado en ausencia. En el caso de Leonardo Cortázar, la etapa de juzgamiento se reactiva y el juez Andrade deberá definir una fecha para la diligencia correspondiente. Dentro de la trama de corrupción de Encuentro, el extraditado es ubicado por la Fiscalía como operador del empresario asesinado Rubén Cherres. (I)
