Por la industrialización de cada barril de petróleo, los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de la provincia de Esmeraldas recibirían anualmente alrededor de $ 35 millones, y los de Santa Elena y Sucumbíos percibirían unos $ 15 millones por año cada uno.
El cálculo lo formuló el asambleísta Lenin Lara, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), quien presentó el proyecto que fue aprobado con 106 votos en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del pasado 26 de marzo. El proyecto pasará a conocimiento del Ejecutivo para la sanción o veto que debe emitir en 30 días.
El proyecto se denomina “Ley orgánica de participación de las rentas del Estado a favor de los Gobiernos autónomos descentralizados por industrialización de petróleo en las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos”, contenido en siete artículos, una disposición general, una transitoria y una disposición final.
Puntualmente, el proyecto aprobado establece que los Gobiernos autónomos descentralizados en cuyos territorios se realicen procesos de industrialización petrolera serán partícipes de las rentas que por esta actividad reciba el Estado a través de las empresas públicas, privadas o mixtas. La participación será de un dólar por cada barril de petróleo que se industrialice.
El Banco Central del Ecuador (BCE) será el responsable de transferir automáticamente a las subcuentas especiales de cada Gobierno autónomo descentralizado, durante los primeros diez días de cada mes, el monto que corresponda de la renta petrolera previsto en esta ley. El incumplimiento de esta ley será causal de enjuiciamiento político a las máximas autoridades del ente rector de las finanzas públicas o del ente rector de hidrocarburos.
El asambleísta proponente del proyecto dijo que para elaborar la propuesta de ley y realizar los cálculos sobre los ingresos proyectados en las tres provincias beneficiarias se tomó como referencia la producción de las refinerías del 2023, y eso significaba alrededor de 35 millones de barriles refinados.
Bajo esa consideración, el asambleísta calcula que Esmeraldas recibiría anualmente unos $ 35 millones, que deberán ser distribuidos en un 50 % para el municipio del cantón Esmeraldas, el 40 % para la prefectura provincial y el 10 % restante para las juntas parroquiales del cantón donde se realiza la operación industrial, en este caso, Esmeraldas.
Para el caso de las provincias de Santa Elena y Sucumbíos, los ingresos anuales para los Gobiernos autónomos descentralizados bordearían los $ 15 millones, que asimismo deben distribuirse entre el Consejo provincial, municipios y juntas parroquiales, donde los recursos asignados se destinarán para obras de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, manejo de desechos sólidos, infraestructura vial y proyectos de gestión ambiental. Está prohibido que estos recursos sean usados para gastos corrientes del Gobierno autónomo descentralizado beneficiario.
Lara afirmó que este proyecto se sustenta en el artículo 274 de la Constitución, que señala que los GAD en cuyo territorio exploten o industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo con la ley.
Aclaró que el proyecto no viola lo que determina el artículo 135 de la Constitución, en el cual se establece la facultad exclusiva del presidente de la República para presentar proyectos de ley que generen gasto público o creen, modifiquen o supriman impuestos; por lo tanto, lo aprobado no genera ningún gasto, recalcó.
El asambleísta Jorge Peñafiel, coordinador de la bancada Construye, señaló que el proyecto de ley aprobado por la Asamblea en Esmeraldas no significa un gasto, sino una necesidad, y además está dentro de la redistribución legal que perciben las tres provincias por el refinamiento del petróleo.
Peñafiel dijo que, más allá del concepto técnico, el presidente de la República, Daniel Noboa, terminará vetando el proyecto porque la aprobación tiene un interés electoral y político, pues fue tratado por la Asamblea Nacional en medio de una campaña electoral e incluso fue impulsado por la candidata del correísmo Lusia González, quien públicamente dijo que fue ella quien le pidió a la presidenta del Legislativo, su coidearia Viviana Veloz, que lo incluyera en el orden del día.
El constitucionalista José Chalco dijo que la Corte Constitucional tiene varios dictámenes precedentes en los que ha señalado que la redistribución no implicaría aumento del gasto público; por lo tanto, lo aprobado el miércoles estaría en el marco de lo dispuesto en el artículo 274 de la Constitución, que faculta a que Gobiernos autónomos donde exista explotación gocen de las rentas petroleras de aquello. Lo que hay que cuidar es que “esto no sea una lógica de campaña electoral que instrumentalice a la Asamblea para este fin”, recalcó.
Para aplicar este proyecto, primero se necesitará conocer el pronunciamiento del Ejecutivo, para lo cual tiene 30 días para estudiar y pronunciarse; luego se deberá elaborar un reglamento, que no significa mayor detalle, porque la ley ya dispone casi todo e inclusive la transferencia directa de los recursos desde el Banco Central. (I)
