El Gobierno de Argentina negó este miércoles tener “un pacto de inmunidad” con el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2022) para ofrecer asilo político a 65 ciudadanos que supuestamente ingresaron a Argentina tras el asalto del 8 de enero de 2023 perpetrado por partidarios de Bolsonaro contra las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.
“No hacemos ningún pacto de inmunidad con Bolsonaro ni lo haremos jamás con nadie. (Este) es un tema judicial. La Justicia tomará las medidas correspondientes cuando llegue el momento de tomarlas y las respetaremos”, declaró en conferencia de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
“Si la Justicia de Brasil le solicita a la (Justicia) argentina una determinada cuestión, será una decisión de la Justicia local cuál es la medida que toma”, puntualizó.
Publicidad
Respecto al ingreso de los acusados brasileños a territorio argentino, uno de los abogados de los prófugos aseguró a EFE que algunos de ellos ya han solicitado ser reconocidos como refugiados por razones políticas a la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare).
Preguntado por cómo se produjo la entrada en territorio argentino de los acusados en Brasil, Adorni aseguró que el Ejecutivo no ha averiguado cómo se produjo su eventual ingreso.
“No sé si hubo negligencia por la entrada”, agregó.
Publicidad
El pasado 14 de junio, el Parlamento del Mercosur (Parlasur) envió un pedido de “información fidedigna” al Ministerio de Seguridad de Argentina en relación con el eventual ingreso de los ciudadanos brasileños que formarían parte de un grupo de 208 procesados y, en algunos casos, imputados por los ataques violentos contra las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Tribunal Supremo.
Estos hechos tuvieron lugar una semana después de la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien venció a Bolsonaro en las elecciones presidenciales que se celebraron en octubre de 2022.
Publicidad
El Gobierno argentino ha dicho que por el momento no ha recibido ninguna comunicación por parte del organismo encargado de la protección y asistencia de los refugiados en el país, y que en el caso de que haya una condena firme contra esas personas, se opondrá a otorgarles el estatus de refugiadas. (I)
