Este miércoles, un hombre de 46 años fue ejecutado tras ser condenado por conspirar para traficar con un kilogramo de marihuana pese al pedido la Organización de las Naciones Unidas para detenerla por dudas del proceso judicial. Esto ha sido calificado como escandaloso por parte de las organizaciones de derechos humanos.
“Pese a todos nuestros esfuerzos y nuestra lucha durante los pasados años para que mi hermano tuviera un juicio justo, el Gobierno (singapurense) ha mostrado no tener piedad”, denunció hoy en un comunicado Leela Suppiah, hermana del ejecutado, Tangaraju Suppiah.
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La muerte tuvo lugar en la prisión de Changi por la mañana. Suppiah había sido condenado en 2018 y el traslado de la marihuana se había dado de Malasia a Singapur. Él había sido implicado en el caso n marzo de 2014, seis meses después de que el intento de contrabando se produjera, por un supuesto contacto telefónico con dos personas para introducir el alijo en Singapur, el cual sus abogados y familia arguyen que nunca vio o tocó.
Las autoridades singapurenses desoyeron así los llamamientos, tanto de la familia de Tangaraju, que había pedido clemencia en una carta enviada el domingo a la presidenta, Halimah Yacob, como de oenegés e incluso de la Agencia de la ONU para los Derechos Humanos, que urgió la víspera a que se detuviera la ejecución ante las dudas sobre si el proceso tuvo las garantías necesarias.
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De igual manera se han denunciado que no había recibido un adecuado asesoramiento legal y tampoco un intérprete tamil.
Por su parte, el Ministerio de Interior isleño defendió en un comunicado que “Tangaraju fue representado por asesores legales durante todo el proceso judicial” y que “las pruebas indican que él fue quien coordinaba la entrega de las drogas”. (I)