Rechazan la designación de Tarek William Saab como defensor temporal del Pueblo

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) rechazó este jueves la designación temporal de Tarek William Saab como Defensor del Pueblo de Venezuela, al considerarla una burla a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y urgió a Estados Unidos a intervenir.

La organización, con sede en Miami, pidió a Estados Unidos “vetar a operadores del régimen en instituciones de derechos humanos”, al considerar que la designación de Saab representa una maniobra más de este para perpetuar la impunidad y el control sobre instituciones que deberían proteger a la ciudadanía.

“Hacemos un llamado urgente a los Estados Unidos (...) a que exijan de manera firme y pública la inmediata revisión de esta designación”, señaló el grupo en un comunicado.

“Saab, quien durante casi una década fungió como fiscal general, ha sido ampliamente señalado por organismos internacionales de derechos humanos, opositores democráticos y exiliados políticos como uno de los principales operadores de la represión judicial contra disidentes, presos políticos y ciudadanos que han ejercido su derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, subrayó Veppex.

Agregó que su historial incluye “el aval y la persecución de cientos de casos de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales”.

El miércoles, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela designó a Saab, quien renunció a su cargo de fiscal general, como defensor del pueblo de forma temporal, luego de la dimisión de Alfredo Ruiz Angulo por motivos personales, familiares y de salud.

“Para el cargo de defensor del pueblo encargado queremos designar, proponer, a un hombre que también ha sido toda su vida experto en derechos humanos”, señaló el presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez.

Minutos antes de esta propuesta, Rodríguez informó que Saab, que también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, renunció a su cargo como fiscal general, sin que se conozcan los motivos específicos de tal decisión pese a que envió una carta a la junta directiva de la AN.

Ambos funcionarios habían sido ratificados en estos cargos en octubre de 2024, para un periodo de siete años, es decir, hasta 2031.(I)