Preso longevo, condenado a muerte, fallece una semana antes de la fecha de su ejecución en Estados Unidos

Un recluso de 81 años, condenado a la pena capital en Luisiana, falleció el pasado sábado, 22 de febrero, por causas naturales, apenas una semana antes de la fecha fijada para su ejecución. Cristopher Sepulvado, sentenciado por el asesinato de su hijatro en 1992, se encontraba en delicado estado de salud y había sido hospitalizado debido a múltiples afecciones crónicas.

Sepulvado padecía de una serie de enfermedades graves, entre ellas una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una arteria bloqueada en el cerebro y gangrena, lo que le ocasionó sepsis en una de sus piernas.

Sus abogados habían solicitado su ingreso en un centro de cuidados paliativos días antes de que se firmara su orden de ejecución. La semana pasada, el recluso fue trasladado a un hospital en Nueva Orleans y, posteriormente, regresó a la prisión estatal de Luisiana, donde falleció durante la noche en la enfermería.

El Departamento de Seguridad Pública y Correcciones de Luisiana confirmó su muerte, atribuyéndola a complicaciones derivadas de sus condiciones médicas preexistentes.

Su abogado Shawn Nolan calificó el fallecimiento como una muestra de las fallas del sistema de pena de muerte en el estado y consideró inhumano que se planeara ejecutar a un hombre anciano y gravemente enfermo.

El caso de Sepulvado se inscribe en un contexto en el que Luisiana se preparaba para retomar las ejecuciones tras más de una década de suspensión. El gobernador Jeff Landry anunció recientemente la implementación de un nuevo protocolo que incluye la hipoxia con nitrógeno como método de ejecución, una técnica que solo ha sido aplicada en Alabama hasta el momento.

Se esperaba que Sepulvado fuera uno de los primeros en ser ejecutado bajo esta nueva directriz.

Su fallecimiento ha generado reacciones encontradas. Mientras que sus abogados insistían en que su ejecución carecía de sentido debido a su estado de salud y su transformación en prisión, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, lamentó que el estado no lograra aplicar la sentencia antes de su muerte.

Murrill recordó el crimen por el que fue condenado, argumentando que la justicia no se cumplió mientras el recluso vivía, pero que ahora enfrentaría un juicio divino.

El caso de Sepulvado vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos, especialmente en estados donde su aplicación ha estado suspendida por años. Mientras algunos defienden la reactivación de las ejecuciones como un acto de justicia para las víctimas, otros cuestionan la efectividad y la ética de un sistema que permite que un preso permanezca en el corredor de la muerte durante más de tres décadas. (I)