El Gobierno de transición de Perú, que preside desde hace dos semanas el legislador izquierdista José María Balcázar, aprobó este martes una transferencia económica por más de 2.207 millones de soles (unos 654,8 millones de dólares) para financiar proyectos de inversión en el país, informaron fuentes oficiales.
La transferencia, a favor de los gobiernos locales, fue oficializada mediante un decreto publicado en el diario oficial El Peruano y tiene como objetivo financiar proyectos de inversión y fortalecer la ejecución de obras en el país durante este año.
La norma está comprendida en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 y en las disposiciones complementarias vinculadas a la financiación y distribución de recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).
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En ese sentido, el Ejecutivo indicó que su aprobación respondió a evaluaciones técnicas “y su atención resulta pertinente” en el marco de la programación presupuestario vigente.
El decreto, que fue suscrito por Balcázar y el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, remarcó que los recursos de esta partida presupuestaria no pueden ser destinados, “bajo responsabilidad, a fines distintos a los señalados”.
Esta es la primera medida económica destacada que toma el nuevo gobierno de transición que preside Balcázar desde el pasado 18 de febrero, cuando fue elegido por el Congreso para reemplazar al destituido José Jerí.
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El Ejecutivo aseguró, en ese sentido, que la transferencia económica “reafirma su compromiso con la descentralización efectiva y el fortalecimiento de la capacidad de inversión de los gobiernos locales” para impulsar obras de infraestructura y proyectos que contribuyan al desarrollo de las regiones del país.
La semana pasada, tras asumir la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la economista Denisse Miralles aseguró que el Gobierno de transición que debe dirigir Balcázar hasta el próximo 28 de julio impondrá una “orientación económica firme y sin alteraciones” y dará “señales claras de estabilidad, responsabilidad fiscal y respeto a las reglas que generan confianza”. (I)
