Ciudadanos de Islas Vírgenes Británicas se concentraron frente a la residencia del gobernador, John Rankin, para protestar contra las conclusiones del informe de una comisión que recomienda que Londres tome el control de ese territorio caribeño por corrupción.
Decenas de personas protestaron este lunes ante la residencia de Rankin, después de conocerse la postura de la comisión que investiga denuncias supuestas prácticas de corrupción y abuso de poder por parte de funcionarios de las Islas Vírgenes Británicas.
La comisión favorece que la gestión del Ejecutivo pase temporalmente al gobernador Rankin.
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La protesta coincide con el reciente arresto en Estados Unidos del primer ministro, Andrew A. Fahie, bajo cargos de narcotráfico, aunque, en principio, no existe una conexión directa con este caso de corrupción gubernamental.
El informe recomienda la disolución de la Asamblea legislativa y el cese del Gobierno por un período inicial de 2 años, hasta que se depuren responsabilidades.
Durante ese período, recomienda una administración dirigida por el gobernador con la posibilidad de asistencia de un consejo asesor.
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La protesta se produce el día de las reuniones previstas entre la ministra de Territorios de Ultramar del Reino Unido, Amanda Milling, con agentes locales en desacuerdo con el informe.
“Nosotros, como habitantes de las Islas Vírgenes, venimos a decirle al Reino Unido que no debe suspender nuestra Constitución en un intento de establecer un gobierno directo”, dijo el obispo John Cline, que exigió hablar directamente con Milling y el gobernador.
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“No podemos cruzarnos de brazos y aceptar esta atrocidad. Le decimos al Reino Unido y Milling que no puede querer para nosotros lo que no quiere para ellos mismos. No queremos que se suspenda nuestra Constitución”, sostuvo.
Cline aclaró que no quiere que se suspenda la Constitución por 6 meses y mucho menos por 2 años.
“Queremos estar en una asociación respetuosa con el Reino Unido y que cambie la narrativa enviada a todo el mundo de que la gente aquí es corrupta”, subrayó.
Rankin dijo que la comisión había recomendado un regreso al gobierno ministerial y la Asamblea legislativa tan pronto como sea posible.
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Recomienda también una revisión de la Constitución con el fin de asegurar que estos abusos no se repitan, además de una reducción de los poderes discrecionales indefinidos que tienen los funcionarios públicos y una serie de auditorías que pueden derivar en investigaciones penales.
El abogado Daniel Fligelstone Davies defendió que el Reino Unido trata de aprovecharse de los recursos de este pequeño territorio de poco más de 30.000 habitantes.
Rankin precisó que según el informe, la población del territorio caribeño ha sido muy mal atendida en los últimos años y que casi en todas partes se ignoran los principios de buen gobierno como transparencia y el estado de derecho.
Dijo que la comisión hizo 45 recomendaciones específicas para abordar los problemas. (I)
