Entre represión, detenciones y críticas, Nicaragua se alista para las elecciones de noviembre

Nicaragua acudirá a las urnas el 7 de noviembre próximo, y aunque aún no se sabe de forma oficial quiénes se enfrentarán al presidente Daniel Ortega, que lleva 14 años en el poder y buscaría un cuarto mandato seguido, cuatro candidatos de la oposición han sido detenidos, las protestas se han prohibido y algunos partidos han sido descalificados.La Policía Nacional informó que la noche de este martes detuvo al precandidato opositor a la Presidencia de Nicaragua Juan Sebastián Chamorro García bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, la cuarta detención de un aspirante de la oposición en una semana.Chamorro, sobrino político de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), fue detenido en su residencia, en el sur de Managua, que también fue allanada por la Policía Nacional, confirmó el equipo de prensa del político opositor.El precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad estaba citado mañana a una entrevista al Ministerio Público en su calidad de representante de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente, que dirigió del 2014 al 2019.Horas antes, la Policía Nacional informó que detuvo al aspirante Félix Maradiaga, investigado por “incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos”. El académico y activista, fue detenido después de comparecer a declarar ante la Fiscalía y se convirtió en el tercer precandidato detenido.Tanto Chamorro García como Maradiaga están “siendo investigados por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, según la declaración de la Policía.También por “proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”, según el parte policial.En tanto, la primera detenida fue Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), prima de Chamorro García y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar la elección y el segundo fue Arturo Cruz, embajador de Ortega en EE. UU. en 2007 y 2009.El lunes, un tribunal de Nicaragua ordenó prisión preventiva por 90 días contra Cruz, investigado por la Fiscalía por delitos de “provocación” y “conspiración” contra el país y Chamorro es acusada por el delito de presunto lavado de activos a través de la fundación que lleva el nombre de su madre.“Ortega está a punto de acabar con toda la competencia política en el país. Estamos muy cerca de llamar a esto una dictadura”, dice Eliseo Núñez, un analista político y activista opositor nicaragüense, a The New York Times .En el caso de Cruz, el Juzgado Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua tomó la decisión en respuesta a una solicitud de la Fiscalía, que requirió más tiempo para investigarlo por el “delito de provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.La Fiscalía pidió prisión preventiva porque “existe la probabilidad de que el investigado pueda obstaculizar el proceso”, agregó la institución en un comunicado. Cruz, un exdiplomático y académico de 67 años, fue detenido el sábado en el aeropuerto de Managua cuando volvía de Estados Unidos, refiere AFP .Los cargos contra Cruz, quien anunció hace dos meses su intención de ser candidato, y al igual que los de Madariaga y Chamorro García están contemplados en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía, aprobada en diciembre, calificada como “Ley Traición” por la oposición.La Ley le permite a Ortega calificar a las personas que él estime pertinente como ‘traidores a la Patria’ y, consecuentemente, inhabilitarlas para aspirar a posiciones políticas en el país”, afirma el Frente Hemisférico por la Libertad (FHL).Por su parte, Chamorro, de 67 años y quien no milita en ningún partido, expresó su intención de representar a la oposición como candidata única en enero.Sondeos de opinión indican que entre una decena de postulantes al cargo, Chamorro es la que obtiene mayor apoyo ciudadano después del presidente Ortega.Maradiaga calificó días atrás como “un acto cobarde impedir la verdadera competencia electoral” y dijo que “no debe ser reconocido como legítimo por ningún partido opositor” y acusó al tribunal de hacer un “descarado chantaje” a los partidos.La vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario, en su alocución en los medios afines al Gobierno, sin mencionar los nombres ni los procesos penales, ha llamado “malos hijos” de Nicaragua a los opositores.“No vamos a permitir que se perpetúe, que se continúe queriendo atracar los derechos del pueblo porque es un atraco (...) pretender cercenar su soberanía a cambio de dinero mal habido, y lo mal habido tiene mal fin”, dijo Murillo.La Alianza Ciudadana por la Libertad (CXL-derecha), que se perfila como la opción opositora para enfrentar al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN-izquierda), rechazó las acciones contra los precandidatos presidenciales.La presidenta de CXL, Kitty Monterrey, ha dicho a la prensa que “han llegado a la conclusión de que Ortega no se va a detener y posiblemente siga tratando de descabezar a todo aquel (candidato) que se le oponga”, pero que seguirán luchando y si les quitan candidatos, los van a reponer.Días atrás, el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua instó también a los partidos de cara a las elecciones de noviembre próximo a cumplir con polémicas leyes que sacan de competencia a líderes de masivas protestas que pedían la renuncia de Ortega.“No pueden ser inscritos como candidatos a cargos de elección (...) quienes no llenen las calidades, impedimentos o les fuere prohibido” por las leyes de agentes extranjero y de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, indicó la resolución del tribunal electoral.Los magistrados, cuya mayoría es afín al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), recordaron a los partidos a “no inscribir” a quienes encabecen o intenten golpes de Estado, alteren el orden y fomenten actos “terroristas”.También están inhibidos quienes inciten a la injerencia extranjera o se organicen con financiamiento extranjero para actos de terrorismo y desestabilización.Ortega, de 75 años y 14 en el poder, encara desde 2018 una crisis política detonada por protestas que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).El líder sandinista está en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990. El Frente Hemisférico por la Libertad (FHL), compuesto por políticos, varias ONG, exdiplomáticos y académicos de 15 países de América Latina, pidió a la OEA que exija “al régimen de Ortega el cumplimiento de lo establecido en la Carta Democrática” sobre la detención de “potenciales candidatos” presidenciales en Nicaragua.Mediante un “llamado urgente”, el FHL cita en un comunicado el arresto domiciliario e inhabilitación de Chamorro y de Cruz, exembajador ante Estados Unidos, “detenidos bajo la ley firmada en diciembre”.El FHL pidió a los Gobiernos democráticos del mundo una declaración oficial en la que le hagan saber a Ortega que exigen la inmediata liberación de los arrestados y que las elecciones de noviembre próximo deben realizarse bajo un clima libre de persecuciones, arrestos o amenazas, recoge EFE. Según el grupo creado este año durante una reunión en Miami, los comicios del país centroamericano deben realizarse “con las debidas garantías de equidad participativa para todos los aspirantes”.“De no cumplir con esos requisitos básicos”, puntualiza el FHL, “los resultados de las elecciones no serán reconocidos como válidos, incluida la posible reelección de Ortega”. (I)

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