El Gobierno de Estados Unidos dio un nuevo paso judicial para quedarse con un buque petrolero y su cargamento de crudo venezolano, al considerar que la operación habría beneficiado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a su Fuerza Qods, organización incluida en la lista estadounidense de Organizaciones Terroristas Extranjeras.
El Departamento de Justicia presentó una demanda civil ante el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia para decomisar el buque tanque Skipper, incautado el 10 de diciembre de 2025 en aguas internacionales, y aproximadamente 1,8 millones de barriles de petróleo que transportaba.
Según la acusación, el Skipper habría participado desde al menos 2021 en un esquema para transportar y vender petróleo iraní y venezolano mediante maniobras destinadas a ocultar su origen y destino.
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Entre las tácticas señaladas están la manipulación de sistemas de rastreo, el uso de banderas falsas y transferencias de carga entre embarcaciones en alta mar.
Las autoridades sostienen que este tipo de buques, conocidos como parte de una “flota fantasma”, generan ingresos para regímenes sancionados y organizaciones consideradas hostiles por Washington. En 2024, el barco habría trasladado cerca de tres millones de barriles de crudo iraní a Siria, de acuerdo con la demanda.
En noviembre de 2025, el Skipper cargó en la terminal José, en Venezuela, alrededor de 1,8 millones de barriles de petróleo. Documentos de embarque indican que unos 1,1 millones de barriles tenían como destino a Cubametales, empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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Cuando fue interceptado por autoridades estadounidenses, el buque navegaba bajo una bandera guyanesa que, según el Gobierno, era falsa, lo que lo convertía en una nave sin nacionalidad válida. Tras la incautación, fue trasladado a aguas cercanas a Texas.
El Skipper, que anteriormente operaba bajo el nombre Adisa, ya había sido sancionado en noviembre de 2022 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros por su presunta participación en el transporte de petróleo ilícito.
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El caso es investigado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y por el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con apoyo de fiscales de la División Penal y la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
La demanda es de carácter civil, lo que implica que el Gobierno debe probar ante el tribunal que tanto el buque como su cargamento son susceptibles de confiscación conforme a la legislación estadounidense. (I)
