El Gobierno de Estados Unidos admitió esta semana su responsabilidad en el choque aéreo entre un helicóptero del Ejército y un avión comercial ocurrido en Washington, D. C., que dejó 67 personas fallecidas en enero de este año, según documentos judiciales presentados ante una corte federal.

En un escrito presentado por el Departamento de Justicia, en el marco de una demanda interpuesta por la familia de Casey Crafton, una de las víctimas, el Estado reconoció que incumplió su deber de cuidado, lo que derivó directamente en el accidente ocurrido el 29 de enero de 2025.

De acuerdo con el documento de 209 páginas, los pilotos del helicóptero Black Hawk del Ejército no mantuvieron la vigilancia adecuada ni la separación visual segura con un avión de American Airlines, lo que provocó la colisión en el espacio aéreo sobre el río Potomac, cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.

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El informe también señala que la tripulación militar, integrada por tres soldados, incumplió las restricciones de altitud y se desvió de la ruta de vuelo establecida, volando hacia el centro del río a una altura superior a la permitida.

Además, el Gobierno admitió que tanto la Administración Federal de Aviación (FAA) como el Ejército de Estados Unidos contaban con datos e informes que evidenciaban múltiples incidentes previos de proximidad peligrosa entre aeronaves en ese aeropuerto, antes del choque fatal.

El accidente causó la muerte de todas las personas a bordo del vuelo American Eagle 5342, convirtiéndose en el accidente aéreo comercial más mortífero en suelo estadounidense en más de dos décadas.

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El abogado Robert Clifford, representante legal de la familia Crafton, señaló a la agencia Associated Press que el Gobierno reconoció la responsabilidad del Ejército en lo que calificó como una pérdida de vidas innecesaria. Añadió que el documento también expone fallas en los procedimientos de control aéreo por parte de la FAA, aunque reconoce que otras partes, como American Airlines y PSA Airlines, también contribuyeron al desenlace.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) tiene previsto publicar su informe oficial sobre las causas del accidente a inicios del próximo año. (I)