El gobierno de Donald Trump ha invocado el privilegio de secreto de Estado para bloquear cualquier divulgación de información sobre los vuelos que transportaron a migrantes venezolanos a cárceles de máxima seguridad en El Salvador, detalló The New York Times.
La decisión, anunciada por el Departamento de Justicia, ha intensificado el conflicto entre el Ejecutivo y el poder Judicial, generando preocupación sobre una posible crisis constitucional.
El secreto de Estado es una doctrina jurídica que permite al gobierno impedir la divulgación de información cuando considera que su revelación pondría en riesgo la seguridad nacional.
Si bien ha sido utilizado en el pasado para proteger operaciones militares y de inteligencia, la negativa del gobierno de Trump a compartir detalles incluso con James E. Boasberg, el juez federal que supervisa el caso, ha generado interrogantes sobre la legalidad de esta acción.
El pasado 15 de marzo, James Boasberg, juez de una corte de distrito de Washington, ordenó la suspensión de las deportaciones para que los migrantes pudieran impugnar las acusaciones que los vinculaban con la organización criminal Tren de Aragua.
Sin embargo, el gobierno de Trump desobedeció la orden y procedió con los vuelos, argumentando que permitir el acceso a información sobre la operación comprometería futuras acciones antiterroristas.
El Departamento de Justicia argumentó en un escrito oficial que “el tribunal tiene todos los datos que necesita para abordar las cuestiones ante sí”, insistiendo en que proporcionar más detalles supondría un riesgo grave para la seguridad nacional y la diplomacia estadounidense.
La negativa del gobierno a revelar información ha provocado reacciones encontradas. Mientras que la Casa Blanca sostiene que la deportación de los migrantes venezolanos está justificada bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798.
Los abogados de los migrantes argumentan que esta legislación no puede aplicarse a agrupaciones que no representan un Estado hostil ni han cometido actos de guerra.
Además, expertos legales advierten que la invocación del secreto de Estado podría sentar un precedente al permitir que el gobierno evite el escrutinio judicial en decisiones que afectan directamente a los derechos humanos.
Patricia Millet, una de las jueces nombrada por los democrátas, también cuestionó esta decisión asegurando que incluso los prisioneros nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, recibieron un trato mejor en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Mientras el tribunal de apelaciones evalúa la legalidad de la orden de Trump, los migrantes venezolanos deportados siguen recluidos en condiciones inciertas en una prisión salvadoreña.
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