El sábado 1 de julio de 2023, como se esperaba, las protestas marcaron el inicio de la entrada en vigencia de la polémica ley migratoria promulgada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
“No criminalicemos a los migrantes”, “No somos delincuentes” y “Florida depende de los migrantes” eran algunos de los mensajes que llevaron escritos en carteles (pancartas) grupos de manifestantes que se congregaron en en Homestead, una ciudad agrícola al sur de Miami.
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La nueva normativa jurídica no solo la siguieron rechazando los ciudadanos y las organizaciones que velan por los derechos de los inmigrantes sino que se sumó la Cancillería de México, con un comunicado, dado a conocer el mismo sábado.
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También, por si fuera poco, al menos cuatro organizaciones anunciaron que se recurrirá a los argumentos jurídicos para demandar la ley de DeSantis.
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La demanda, reseñaron distintos medios, “se centrará en las disposiciones de la Sección 10, que criminaliza el transporte a Florida de personas que pueden haber ingresado al país sin inspección federal”.
Demanda contra la ley del gobernador Ron DeSantis
La ley SB 1718 es considerada “draconiana” y “cruel”, por lo que organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos anunciaron el sábado que interpondrán una demanda federal contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, reseñó Telemundo.
Ese medio estadounidense amplió que, a través de un comunicado, “el Southern Poverty Law Center (SPLC), la American Civil Liberties Union (ACLU), el grupo Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council dijeron que la ley es “discriminatoria contra los inmigrantes” y “representa una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado”.
Antonia Catalán, activista mexicana, dijo a la agencia EFE que existe “pánico” entre los indocumentados que han decidido quedarse en Florida, al contrario que otros muchos que han puesto rumbo al norte para trabajar en estados como Georgia y Carolina del Norte y Carolina del Sur.
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¿Cómo se hará la demanda?
De acuerdo con lo informado por Telemundo, la demanda se presentará contra DeSantis, en nombre de varias personas y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización de derechos de los inmigrantes, alegando que la ley “no solo viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, sino que socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes”.
“La demanda se centrará específicamente en las disposiciones perjudiciales descritas en la Sección 10, que penaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado al país sin una inspección federal”, agregaron en el comunicado conjunto.
Este ataque a nuestras comunidades de inmigrantes no se mantendrá. Diseñada a propósito para infligir crueldad, la SB 1718 es inconstitucional.
Comunicado conjunto
“Nuestra demanda busca garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de cada individuo en el estado, independientemente de su estatus migratorio. Nadie debe vivir con miedo o enfrentar discriminación basada de su estatus migratorio, su presunto estatus migratorio o el estatus migratorio de sus familiares”, añadió, de acuerdo con Telesur, Kate Melloy Goettel, directora jurídica de litigios del American Immigration Council
Citado en EFE, Amien Kacou, un abogado de ACLU de Florida, subrayó que la SB1718 es “un ataque a la fibra de nuestro estado”, además de “un acto extremo de extralimitación del gobierno estatal destinado a incitar al miedo y criminalizar a las comunidades inmigrantes”.
Qué dijo México
La Cancillería (Ministerio o Secretaría de Exteriores) consideró que la también llamada Ley Florida “afectará los derechos humanos de miles de personas, niñas y niños mexicanas”, divulgó la agencia informativa AFP.
Agregó que dicha normativa exacerba “ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante” y “no refleja su valiosa aportación a la economía, sociedad y cultura de Florida, y del país”.
Además, según la AFP, el Gobierno de México adelantó que “utilizará todos los recursos a su alcance “para defender los derechos y dignidad de las personas mexicanas en Florida”.
Rosa Elera, portavoz de Florida Immigration Coalition (FLIC), también reconoció a EFE que la comunidad está “asustada”, pero instó a los inmigrantes a luchar por sus derechos y confiar en que las organizaciones de la comunidad los protegerán.
Para Paul R. Chávez, abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes del Southern Poverty Law Center, “la SB 1718 es inconstitucional y socava nuestra democracia”.
Elera pidió “tener fe” y aseveró: “No nos van a intimidar”.
(I)