Colombia castigará con cadena perpetua a violadores de niños

La noche del martes el presidente de Colombia, Iván Duque, firmó una ley que reglamenta la cadena perpetua para quienes violen o asesinen a menores de edad, la cual fue aprobada el año pasado por el Congreso para endurecer las penas contra este tipo de crímenes.

Esta ley reglamenta la prisión perpetua revisable y reforma el Código Penal, el de Procedimiento Penal y el Penitenciario y Carcelario, para considerar la cadena perpetua como excepcional y únicamente aplicable a modalidades en que el niño, niña o adolescente sea víctima de “homicidio en modalidad dolosa y/o acceso carnal que implica violencia”.

Además, la pena podrá ser revisada en un plazo mínimo de 25 años y reemplazada por una pena temporal no inferior a 50 años, en caso de que se considere la “resocialización” del agresor, recoge EFE.

“Estamos dando un paso histórico, hoy estamos marcando un hito en nuestro país”, manifestó Duque durante la firma, según el diario colombiano El Tiempo.

Este medio también habló con varios expertos y políticos locales que se dividen ante la decisión, puesto que para algunos como la senadora Maritza Martínez es “ejemplarizante” y para otros como el senador Rodrigo Lara, esto es una medida de “populismo punitivo” que no tiene mucha eficacia para combatir a este tipo de criminales.

Según Martínez, esto puede hacer que el atacante desista de cometer este delito, pero para Lara es manipular las emociones de la gente frente a este tema para tener beneficios electorales, ya que no hay pruebas de que este tipo de leyes sean o no una solución a esta problemática.

La ley deberá ahora pasar por la Corte Constitucional de Colombia, que se pronunciará en los próximos meses.

El abogado y exlegislador ecuatoriano Henry Cucalón, quien en el pasado apoyó una propuesta que impulsaba aumentar las penas acumulativas en casos execrables como la violación en Ecuador, comenta que en lo social se deben analizar las causas que generan estos delitos y su respuesta normativa, puesto que hay países donde, por ejemplo, existe la pena de muerte, pero continúan los actos de violencia.

Cucalón recuerda que en Colombia esta ley pasó ya por el Congreso y, tomando en cuenta que el proceso de formulación de leyes en ese país es más complejo y con mucho más pasos que en Ecuador, el resultado final es más prolijo.

“Yo soy de los que creen que aparte de los temas sociales hay ciertos delitos que deben sancionarse con la firmeza necesaria, entre los cuales están el tema de los delitos contra la vida y contra la integridad sexual”, apuntó Cucalón, quien agregó que hay que analizar a profundidad el caso colombiano para ver si la solución pasa solamente por temas normativos.

“La persona que comete esos delitos execrables, peor con un menor, hay casos en que con penas altas o no los va a seguir cometiendo”, añade.

En tanto, para Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, lo decidido en Colombia parte de una corriente antigua de aumento de pena para enfrentar delitos graves o execrables que provocan gran escándalo en la opinión pública.

“Sin embargo, estas medidas que son consideradas populismo penal en América Latina son medidas anacrónicas y no idóneas para enfrentar ese tipo de situaciones”, dice Navarrete, quien comenta también que así se castiga al individuo sin entender que el delito es el resultado de un proceso sistémico que ocurre, en el caso de violación a menores, en el interior de familias y los perpetradores suelen ser parientes en la mayoría de los casos.

Agrega que en la práctica esto no es efectivo para bajar estos delitos, además de que en el Estado colombiano hay un número enorme de normas internacionales que impedirían su aplicación.

Caso en Medellín

La aprobación de la reglamentación de la cadena perpetua para este tipo de casos, que fue aprobada el 18 de junio del año pasado por el Senado sin ningún voto en contra, coincide con la conmoción en Colombia tras la denuncia de abusos sexuales a catorce menores de edad en un hogar infantil en Medellín.

Los menores habrían sido abusados en un hogar de atención a la primera infancia adscrito a ese programa, que es cofinanciado por el estatal Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y administrado y operado por la Alcaldía de Medellín, la segunda ciudad en importancia del país.

Las críticas por la lenta actuación de la Fiscalía y la Justicia vienen porque desde que se hizo público el caso, el pasado 30 de junio, el juez tardó cinco días en emitir una orden de captura contra el presunto abusador, trabajador del centro, Ismael Darío Lopera.

Además, también hubo retrasos por parte de las autoridades locales, confirmadas por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para poner en marcha el llamado Código Fucsia, que activa la atención y la denuncia de los abusos. (I)