Una de las mayores organizaciones criminales en España, dedicada a la explotación sexual de mujeres latinoamericanas, fue desarticulada por la policía de España tras meses de investigación. Veinticinco personas ya fueron detenidas en la operación policial y ocho entraron a prisión.

Según las autoridades, en los últimos meses más de 500 mujeres, mayoritariamente colombianas, habrían sido explotadas en la ciudad de Málaga, al sur de España. Hasta el momento, once víctimas han sido liberadas y el prostíbulo en el que se encontraban fue clausurado.

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De acuerdo a la investigación y los testimonios, las condiciones de trabajo impuestas por la organización criminal eran abusivas y ponían en grave riesgo la salud de las mujeres.

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Las víctimas eran obligadas a prostituirse las 24 horas del día, siete días a la semana aunque tuvieran la menstruación, no podían elegir ni rechazar a ningún cliente o servicio y debían hacerlo sin usar preservativo, lo que ocasionó que varias mujeres contrajeran enfermedades de transmisión sexual.

Además, eran vigiladas permanentemente mediante cámaras instaladas en los pisos que sólo podían abandonar dos horas al día con autorización previa de las encargadas.

La investigación comenzó a partir de tres denuncias a los canales de la policía española contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.

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Cómo funcionaba la red de explotación sexual

La red criminal contaba con decenas de miembros que engañaban a mujeres latinoamericanas en situación de precariedad económica, con falsas ofertas de trabajo en España, como en centros estéticos.

Los explotadores facilitaban el viaje de las mujeres, pero al llegar a España comenzaba el calvario. Las víctimas eran informadas de la supuesta deuda que habían contraído con los explotadores por la gestión y los gastos del viaje, y se les decía que debían saldar el montante ejerciendo la prostitución, aunque no paraban de incrementar la deuda a través de sanciones y multas injustificadas.

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El entramado, que se calcula que tenía un beneficio anual que superaría el millón y medio de euros, también se dedicaba a distribuir sustancias estupefacientes en los pisos que controlaba y obligaban a las mujeres a consumirlas y a fomentar su uso entre los clientes con el objetivo de que los servicios duraran más tiempo y generar así mayores beneficios, lo que en algunos casos también derivaba en lesiones para las víctimas. (I)