Este jueves el senador demócrata Bob Menéndez, que preside el comité de Exteriores del Senado de EE.UU., reclamó sanciones contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), al que fiscales estadounidenses vinculan con actividades de narcotráfico.
Menéndez, uno de los senadores más influyentes en política exterior, formuló esa petición en una carta al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.
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Específicamente, Menéndez pidió a Blinken y Yellen que revoquen “inmediatamente” cualquier visado de entrada a EE.UU. que pueda tener Hernández y que le impongan sanciones económicas al considerarlo un “importante narcotraficante extranjero” al amparo de la conocida como Ley de Cabecillas.
Esa legislación, aprobada por el Congreso en 1999, sirve para negar el acceso al sistema financiero de Estados Unidos de supuestos narcotraficantes, así como para prohibir el comercio y las transacciones económicas con esos individuos y con sus empresas.
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Aunque no ha sido públicamente acusado por la vía judicial, fiscales de Nueva York han vinculado a Hernández con las actividades de narcotráfico por las que fue condenado en 2021 a cadena perpetua, más otros 30 años de cárcel, su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, exdiputado de su país.
En concreto, los fiscales de Nueva York afirmaron que las actividades delictivas de “Tony” Hernández habían sido patrocinadas por el propio Estado del país y lo acusaron de haber “asfixiado” a la nación centroamericana.
Los fiscales aseguraron que “Tony” Hernández aceptó millones de dólares en sobornos, incluyendo un pago de un millón de dólares del narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán, y colocó ese dinero en las arcas del hondureño Partido Nacional para las elecciones de 2009, 2013 y 2017, lo que acabó supuestamente beneficiando al expresidente.
A raíz de esas acusaciones que ya han sido formuladas formalmente, Menéndez consideró “imperativo” que el Gobierno de Joe Biden adopte una “posición firme” en nombre del Estado de Derecho en Honduras.
Avisó que, de no hacerlo, se podría estar enviando “un mensaje equivocado” al pueblo hondureño justo después de que Xiomara Castro haya llegado a la Presidencia.
En su misiva, además, recordó otros casos en los que EE.UU. tomó medidas punitivas contra altos cargos de Gobiernos extranjeros supuestamente implicados en narcotráfico, como el que fuera vicepresidente de Venezuela entre 2017 y 2018 Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleo.
Del mismo modo, según recordó Menéndez, EE.UU. denunció en 1996 las acciones y revocó los visados del entonces presidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998), salpicado en aquel momento por denuncias sobre la supuesta donación para su campaña de dinero procedente del narcotráfico. (I)