Protección a las víctimas, prevenir el crimen, capacitar a la Policía Nacional y otras propuestas en materia de seguridad corresponden a los candidatos a la Presidencia, Daniel Noboa, de la Alianza Democrática Nacional (ADN), listas 4-35, y Luisa González, aspirante de la Revolución Ciudadana, lista 5.
En la primera vuelta electoral, Noboa alcanzó el 23,47 % de aceptación y González, el 33,61 % de votos válidos, de acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Propuestas de Noboa:
- Programa de desarrollo socioeconómico inclusivo: programa enfocado en la creación de oportunidades de empleo, mejora de la calidad de la educación y el acceso a servicios básicos. A través de la reducción de la pobreza y la desigualdad se espera disminuir los factores de riesgo que conducen a la violencia.
- Reforma del sistema judicial y policial: políticas para mejorar la eficiencia y equidad del sistema judicial, y fortalecer la capacitación de los oficiales de policía en técnicas de resolución pacífica de conflictos. Además, el desarrollo de programas de rehabilitación para reclusos para reducir las tasas de reincidencia.
- Transparencia y rendición de cuentas de las instituciones de seguridad: se introducirán medidas para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad, incluyendo auditorías regulares, la implementación de un código de conducta estricto y la creación de mecanismos de quejas ciudadanas.
- Programa de participación comunitaria: fomentar la creación de programas de vigilancia comunitaria y la denuncia ciudadana. Además, abrir espacios para el diálogo y la resolución de conflictos a nivel local, reforzando así la cohesión social y la confianza en las instituciones.
- Educación para la paz: trabajar con las escuelas y las familias para promover la educación en valores, el respeto y la tolerancia desde la infancia. Crear programas educativos centrados en la resolución pacífica de conflictos y el respeto a los derechos humanos.
- Prevención del crimen a través de diseño urbano: implementar medidas de seguridad basadas en el diseño urbano puede contribuir a la prevención del delito. Esto incluye mejor iluminación en las calles, parques seguros y espacios públicos bien mantenidos.
Ciberseguridad
- Programa de desarrollo socioeconómico inclusivo y alfabetización digital: a las estrategias de desarrollo socioeconómico existentes se les añadirá un componente de alfabetización digital. Este enfoque tiene el objetivo de mejorar las habilidades digitales de la población, haciéndola menos susceptible a delitos cibernéticos y fraudes en línea.
- Reforma del sistema judicial y policial: implementar capacitaciones y recursos para que el sistema judicial y las fuerzas de seguridad puedan enfrentar y prevenir los delitos cibernéticos. Esto incluye la creación de unidades especializadas en ciberseguridad y la inclusión de la seguridad de la información en los programas de formación policial.
- Transparencia y rendición de cuentas de las instituciones de seguridad y protección de datos: se plantean regulaciones estrictas para proteger los datos personales recogidos por estas instituciones, a fin de prevenir brechas de seguridad y garantizar el respeto a la privacidad de los ciudadanos.
- Programa de participación comunitaria y concienciación sobre ciberseguridad: proporcionar recursos y realizar campañas de concienciación para informar al público sobre cómo protegerse de los delitos cibernéticos. Además, promover programas de denuncia ciudadana de actividades sospechosas en línea.
- Educación para la paz y la ciberseguridad: complementar iniciativas educativas existentes con contenido sobre seguridad digital y ciberseguridad, educando a las generaciones futuras en la protección de su información personal y en comportamientos seguros en línea.
- Estrategia nacional de ciberseguridad: establecer una estrategia nacional de ciberseguridad que abarque tanto al sector público como al privado. Esta estrategia incluirá medidas para proteger la infraestructura crítica del país, prevenir los delitos cibernéticos y responder eficazmente en caso de incidentes de ciberseguridad.
Sistema penitenciario
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- Reforma judicial y procesal: un alto porcentaje de detenidos en prisión preventiva sugiere un sistema judicial lento y posiblemente ineficaz. Es crucial acelerar los procedimientos judiciales y garantizar el derecho a un juicio rápido y justo. Esto incluirá la contratación de más personal judicial, la implementación de tecnologías que agilicen el proceso y la revisión de las políticas de prisión preventiva.
- Inversión en infraestructura penitenciaria: los centros de detención sobrepoblados y en mal estado pueden fomentar la violencia y dificultar la rehabilitación. Es necesario invertir en infraestructura para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios, garantizando la seguridad, la higiene y el respeto a los derechos humanos.
- Fortalecimiento de programas de rehabilitación y reinserción: implementar programas efectivos de rehabilitación dentro de las prisiones es esencial para reducir la violencia y preparar a los reclusos para su reintegración a la sociedad. Estos programas incluirán capacitación vocacional, educación, terapia y otras actividades productivas.
- Mejorar la formación y capacitación del personal penitenciario: la falta de control sobre los centros de detención sugiere una necesidad de mejorar la formación y capacitación del personal penitenciario. Esto incluirá la formación en técnicas de resolución pacífica de conflictos, derechos humanos y gestión de crisis.
- Transparencia y rendición de cuentas en el sistema penitenciario: es esencial implementar medidas que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema penitenciario. Esto incluirá auditorías regulares, el establecimiento de mecanismos de quejas para los reclusos y la supervisión independiente de las condiciones de los centros de detención.
- Potenciar la mejora de los programas que norman y regulan las medidas alternativas a la prisión preventiva: la prisión preventiva debería ser el último recurso y usada solamente cuando sea absolutamente necesario. Para los acusados que aún no han sido condenados y representan un bajo riesgo, se deberían contemplar medidas alternativas, como el monitoreo electrónico, la presentación periódica ante una autoridad, la prohibición de salir del país o la obligación de permanecer en un lugar determinado.
- Fomentar la consolidación y robustecimiento de las penas alternativas para delitos no violentos establecidos en la norma penal: para los delincuentes no violentos se deben promover penas alternativas a la privación de libertad, como trabajo comunitario, multas, restitución a las víctimas, programas de rehabilitación y tratamiento para la dependencia de sustancias. Esto puede reducir la sobrepoblación en las prisiones y permitir que los infractores se rehabiliten y reintegren en la sociedad de manera más efectiva.
Propuestas de González
Ciudadanía en paz
- Restituir el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y cultos.
- Reestructurar los ministerios del Interior y de Gobierno y depurar a las filas de las fuerzas de seguridad.
- Establecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana, basado en la prevención, la reducción de la violencia y la convivencia pacífica con justicia, equidad y derechos humanos.
- Retomar el control estatal sobre el sistema de rehabilitación social y reafirmar el monopolio del Estado sobre las armas.
- Prevenir el crimen con políticas y programas de prevención del delito.
- Promover la cooperación y el intercambio de información sobre actividades criminales y patrones delictivos, entre las instituciones encargadas de la seguridad, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de prevenir y combatir eficazmente el crimen transnacional y organizado.
- Proteger a las víctimas, asegurar la reparación y la rehabilitación. Brindar apoyo y protección integral a las víctimas del crimen, asegurando que tengan acceso a servicios de apoyo emocional, asistencia legal y atención médica. Además, promover programas de rehabilitación y reinserción social para las víctimas que lo requieran.
- Desarrollar estrategias de inteligencia y tecnología. Utilizar herramientas tecnológicas y análisis de datos para identificar patrones delictivos, anticipar tendencias criminales y fortalecer la capacidad de prevención y respuesta ante el crimen.
- Restituir las asambleas comunitarias de seguridad ciudadana como elemento de información, prevención y veeduría cívica de la acción policial.
- Promover la mediación y la resolución pacífica de conflictos como alternativas a la violencia, fomentando el diálogo y la construcción de consensos en la sociedad.
- Sensibilizar y educar a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades en materia de seguridad, promoviendo una cultura de corresponsabilidad en la prevención y la solución de los problemas de seguridad.
- Desarrollar el deporte, la música, las actividades de promoción de la igualdad de género, cultura de paz y el combate al machismo y a la violencia.
Ciudadanía con seguridad
- Fortalecer los mecanismos de convivencia en los barrios, la solidaridad entre vecinos y el control por la seguridad.
- Establecer un sistema de formación en derechos humanos para la fuerza pública y guías del sistema penitenciario.
- Recuperar la gratuidad en la preparación para el ingreso a las FF. AA. y la Policía.
- Establecer políticas y mecanismos para que las FF. AA. y la Policía cumplan su rol de defensa y protección de los derechos humanos del conjunto de la ciudadanía. Tolerancia 0 con el uso excesivo de la fuerza, la represión de la legítima protesta y el terrorismo de Estado.
- Fomentar la prevención del delito y la violencia a través de programas y políticas integrales que aborden las causas subyacentes de la inseguridad, como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades.
- Recuperar la gratuidad en la preparación para el ingreso en las escuelas de la Policía Nacional y guías penitenciarios.
- Impulsar una campaña nacional de renovación (dignificación) de la Policía Nacional como protectora de la población civil, en favor del Buen Vivir, la convivencia pacífica de la ciudadanía y de la defensa de la naturaleza.
- Actualizar sueldos y salarios de la Policía acordes a la inflación y la realidad económica del país.
- Realizar un programa intensivo para el crecimiento de la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional.
- Fortalecer y/o crear unidades especializadas sobre lavado de activos, ciberdelitos, tráfico de migrantes, trata, protección de la infancia.
- Fortalecer la equidad de género dentro de la institución, con la creación de una Unidad de Mujeres Policías para la prevención, seguimiento e investigación de feminicidios, trata de personas con fines de explotación sexual y violencia contra la mujer.
- Fomentar la cooperación y el intercambio de información entre las instituciones encargadas de la seguridad, así como con otros actores relevantes, como organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales, para abordar de manera integral los desafíos de seguridad.
- Establecer programas de rehabilitación y reinserción social para aquellos que han cometido delitos, fomentando su reintegración en la sociedad y evitando su reincidencia.
Lucha contra la corrupción y el crimen organizado
- Acordar un pacto ético de toda la sociedad para fortalecer nuestros principios de convivencia social guiados por el bien común.
- Promover una cultura anticorrupción a través de políticas de prevención, fortalecimiento institucional y apoyo a su sanción justa y socialmente efectiva.
- Fortalecer los marcos legales y regulatorios. Establecer normas sólidas que penalicen la corrupción y el crimen organizado, y promover su cumplimiento efectivo. Esto implica mejorar la legislación existente, cerrar lagunas legales y fortalecer los sistemas de rendición de cuentas.
- Promover legislación para sancionar las prácticas de “puertas giratorias”, por las cuales algunos políticos y funcionarios públicos pasan de sus cargos a los directorios de grandes empresas o se benefician de retribuciones en una y otra manera.
- Promover legislación para transparentar el financiamiento de los partidos políticos para visibilizar y permitir control social sobre conflictos de intereses en sus decisiones de gobierno para favorecer ilegítimamente a sus promotores.
- Promover legislación para regular los lobbies transparentando su incidencia política.
- Fortalecer la transparencia del sistema de contratación pública.
- Eliminar los privilegios de los cargos electos, tanto de los que gozan durante el ejercicio de sus funciones (dietas, prebendas, etc.) como de los que les son atribuidos una vez que han concluido sus mandatos (pensiones especiales, etc.), de manera que sus derechos sean como los del resto de los trabajadores.
- Sensibilizar y educar a la sociedad. Realizar campañas de sensibilización y educación ciudadana para concienciar sobre los efectos negativos de la corrupción y el crimen organizado en la sociedad, y promover una cultura de honestidad, ética y denuncia de estos delitos. (I)