¿Qué efectos tendría para los trabajadores extender duración de contratos productivos como propone resolución suscrita a última hora por el Gobierno de Lasso y que fue suspendida por Daniel Noboa?

El pasado 21 de noviembre, dos días antes de asumir la Presidencia Daniel Noboa, el Ministerio del Trabajo del expresidente Guillermo Lasso expidió una serie de acuerdos ministeriales que plantean cambios concernientes a contratos laborales y jornadas de trabajo.Uno de estos cambios se refiere a la duración de los contratos productivos. Un acuerdo ministerial de 2020 estableció que estos tienen una duración máxima de un año con un periodo de prueba de 90 días, y que se pueden extender por un año más. Este y otros tipos de contratos fueron creados en el marco de la pandemia de COVID-19 y la aprobación de la Ley Humanitaria, que flexibilizó el régimen laboral en respuesta al panorama nacional complicado.El nuevo Acuerdo Ministerial n.º MDT-2023-160, sin embargo, establece que los contratos productivos podrían renovarse hasta dos veces, para un máximo de duración de tres años. Se mantiene el periodo de prueba con un límite de 90 días. Si empleado y empleador llegan a un acuerdo para mantener la relación laboral tras el término del contrato productivo, este pasará a ser indefinido. Los contratos emitidos antes de la vigencia del nuevo acuerdo, sin embargo, se regirán bajo lo estipulado en el anterior, señala el reciente normativo.No obstante, esta reforma no entró en vigencia pues antes de que sea publicada en el Registro Oficial fue suspendida por disposición del Ministerio del Trabajo del actual Gobierno.Los contratos productivos, según el abogado laboral Mesías Andrade, generalmente se los aplica para trabajadores de empresas que tienen que tener una productividad ininterrumpida, como cadenas de restaurantes.Para el experto, la lógica de extender la duración posible de los contratos productivos es “seguir haciendo lo que quieran los empresarios”.“ Extender este tipo de contratos, bajo mi punto de vista, es una forma de precarización laboral” , añade el experto.Cuando se crearon este tipo de contratos, en el acuerdo ministerial del 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, el Ministerio del Trabajo estipuló que “las jornadas de trabajo se ejecutarán en jornada parcial u ordinaria con un máximo |de cuarenta (40) horas semanales, las cuales podrán ser distribuidas hasta en seis (6) días a la semana. El descanso semanal será al menos veinticuatro (24) horas consecutivas”, según el artículo 6 del texto.El mismo apartado indica que podrán realizarse hasta 20 jornadas de trabajo consecutivas, previo pacto entre empleador y empleado y según las necesidades productivas del negocio.Andrade nunca estuvo de acuerdo con la creación de este tipo de contratos por cómo se computan las horas trabajadas y por lo tanto el pago que le corresponde al trabajador.“Imagínese que alguien trabaje 20 días de corrido y que adicionalmente le digan que se le contabilizarán las horas efectivamente laboradas, no consideran el tiempo de comida o que pernocte en la instalación”. Esto lo regula el reglamento interno de la empresa, que debe ser revisado por el Ministerio del Trabajo, añade.Como no se toman en cuenta tiempos de pausa, a alguien que entró a su trabajo a las 07:00 y salió a las 17:00 se le podrían reconocer menos horas “en detrimento del trabajador”, indica el abogado. “Parecería que aquí no aplica aquello de las pausas activas, que son tan necesarias”.La única modificación que quiere implantar el Ministerio del Trabajo sobre los contratos productivos es su duración. Para su uso correcto, considera Mesías, hace falta desarrollo y fortalecimiento institucional, que el ente rector (en este caso el Ministerio del Trabajo) vigile su aplicación y brinde apoyo a los empleadores. (I)

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