Por tercer año consecutivo, más ecuatorianos salieron del país que los que regresaron, según datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esto incluye salidas desde puntos de control migratorio terrestres, aéreos, marítimos y fluviales administrados por el Ministerio del Interior.

En los últimos 23 años, el país tuvo un saldo positivo migratorio de ecuatorianos solamente en 2009, 2011, 2012, 2013 y 2020. Se dieron saldos negativos importantes de 1999 a 2003, durante el éxodo migratorio de ecuatorianos a Europa y Estados Unidos, y ahora, de 2021 a 2023.

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Durante el pico de la crisis económica del comienzo del siglo, en 2000, 175.922 ecuatorianos dejaron el país y no volvieron, mientras que 2023 fue el pico de la crisis migratoria actual, con 121.283 ecuatorianos. Las cifras podrían ser aún mayores, pues no cuentan a la migración irregular.

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Susana Herrero, experta en economía del desarrollo y catedrática de la Universidad de las Américas, considera que esta constante hemorragia de personas podría tener consecuencias a largo plazo en el país que no se han analizado.

Una de estas es la edad de los que se van y la de los que se quedan.

Los jóvenes son los que más se van

De todos los grupos etarios de migrantes analizados por el INEC, el de 18 a 29 es el único que presenta una diferencia de 2 puntos porcentuales entre entradas y salidas: el 22 % de los que salieron del país tenía entre 18 y 29 años, y el 20 % de los que entraron caen en este rango.

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Los jóvenes de este rango de edad, por lo tanto, tienen el saldo migratorio negativo más alto. Ningún otro grupo etario tiene más de 1,4 puntos porcentuales de diferencia negativa entre salidas y entradas.

Según el INEC, la tasa de hijos por mujer en Ecuador es de 1,86. Esto está por debajo de la tasa 2,1 hijos por mujer, necesaria para mantener estables los números poblacionales.

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Los efectos del éxodo de jóvenes ya se sienten en sectores de la Sierra, como en las parroquias de Pasa, San Fernando y Santa Rosa, cuyos líderes parroquiales exponen cómo sus habitantes de 18 a 30 años son los que más salen.

Salen en búsqueda de oportunidades laborales y mejores ingresos, reflexionaron los pobladores de esas parroquias. Labrar la tierra, entonces, se convierte en un trabajo que queda en manos de la población mayor.

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Además, una población que envejece incurre en gastos mayores en seguridad social, pues hay más jubilados y menos afiliados jóvenes que aporten al sistema. También significa mayores costos en el rubro de salud, además de una menor oferta de trabajadores que aporten a la economía.

Herrero cree que el Estado está a tiempo de contrarrestar los efectos de perder jóvenes y la baja tasa de fecundidad.

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“Lo grave es que no estamos pensando en qué vamos a hacer. Si tienes una economía con menos gente, bueno, pero pueden producir un mayor valor agregado. Produzco menos, pero lo que produzco vale más”, expresa.

Cuando un país pierde gente, la falta de una estrategia clara, que vaya más allá de las “políticas sociales de siempre”, que apunte a generar valor agregado en lo que se produce para suplir la falta de población, señala la experta.

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Es imperativo, agrega, crear las condiciones propicias para que la población que de lo contrario se iría del país encuentre empleo y oportunidades para sostenerse. También es necesario enfocarse en solucionar la inseguridad, otro factor que influye en el éxodo actual.

También sería importante, añade, diseñar incentivos para que los que se fueron regresen.

Andrea Endara, coordinadora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande, coincide con Herrero en que invertir en lo social es fundamental para frenar esta ola de migración.

Pone el ejemplo de la crisis venezolana: “Podemos ver que el flujo migratorio de venezolanos aumentó a partir de la presidencia de Nicolás Maduro, quien empezó a invertir muchísimo menos en lo social, a diferencia de (Hugo) Chávez”, explica.

La influencia del narcotráfico y la corrupción en ambos países, agrega, también influye en sus situaciones actuales.

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Ahora, Ecuador es la segunda nacionalidad que más migrantes irregulares aporta a las travesías irregulares por la selva del Darién y que buscan llegar a Estados Unidos, detrás solamente de Venezuela.

70.092 venezolanos cruzaron la peligrosa selva de enero a marzo de 2024, según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá. 8.953 ecuatorianos atravesaron la ruta migratoria ilegal en el mismo periodo.

“Ahora somos nosotros los que estamos escapando de una crisis de seguridad, económica y ahora energética, que influye en las dos anteriores”, explica.

La educación tampoco brinda una salida, a su parecer: “Han aumentado el empleo y el subempleo. Así los ecuatorianos hayan realizado una licenciatura o un masterado, no tienen opciones para desarrollarse”.

Las remesas no son un buen indicador

En 2023, los migrantes ecuatorianos enviaron $ 5.447,5 millones en remesas, un incremento del 14,8 % en comparación con el 2022 ($ 4.743,5 millones) y un récord histórico.

A su vez, la crisis migratoria también se refleja en estas cifras: más del 70 % de las remesas recibidas en 2023 vinieron de Estados Unidos, principal foco de migración ecuatoriana.

En 2023, los migrantes ecuatorianos enviaron $ 5.447,5 millones en remesas, un incremento del 14,8 % en comparación con el 2022 ($ 4.743,5 millones). Fotografía referencial de archivo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

Herrero considera que esta cifra histórica de dinero, aunque ayuda a sustentar a las familias ecuatorianas, no es un buen indicador para el desarrollo del país “por el hecho de que para poder salir adelante la gente tenga que irse fuera”.

Además, explica, no tomar pasos para desacelerar los altos índices de migración es enviar capital humano de forma gratuita a países que lo necesitan, pero de forma gratuita.

La experta considera que para idear políticas sociales efectivas basadas en evidencia científica es necesario “dejar de pensar en forma cortoplacista”. (I)