Los representantes de organizaciones de ayuda social se concentraron en la Plaza Grande, en Quito, para expresar su inconformidad sobre los requisitos establecidos en las leyes y acuerdos ministeriales que deben cumplir y así dar paso a los convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Al plantón acudieron los miembros de la Federación Nacional de Organismos no Gubernamentales para la Discapacidad (Fenodis) y de la Red de Organizaciones Cooperantes de Quito.
Publicidad
El Estado tiene la obligación de atender a los grupos considerados prioritarios, como las personas con discapacidad, las de la tercera edad, las embarazadas, los menores de edad, entre otros, establecidos en la Constitución.
Para ello el MIES firma cada año convenios con fundaciones, organizaciones religiosas y de la sociedad civil y los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD), para financiar en parte la actividad de beneficencia que estas realizan, centrada en atender a quienes son parte de estos grupos prioritarios y que son considerados pobres y vulnerables.
Publicidad
Los socios de estas instituciones de la sociedad civil o privadas tienen problemas para financiar la contraparte de los convenios, pero sobre todo la dificultad se centra en el cumplimiento de los requisitos que exige el MIES, como la constitución de una póliza o garantía, tener personal que sea bachiller o de tercer nivel y que las contrataciones para el servicio se hagan a través del portal de compras públicas.
Saskia Gutiérrez, de la Fundación Manos que Dan Luz, afirma que reciben el 80 % del financiamiento del MIES y el 20 % se gestiona para completar el presupuesto anual.
El trabajo incluye instalaciones, profesionales, materiales para dar un servicio de calidad. “Al ser fundaciones no somos entes sujetos de crédito, no podemos adquirir bienes inmuebles como para garantizar los montos que se utilizan para el pago del personal y en los bienes que se da a la misma población vulnerable, trabajo que debe ejecutar el MIES, pero no lo hace y por eso funcionamos como cooperantes”, indica Gutiérrez.
A ello se suman los retrasos en el flujo de la contrapartida estatal, lo que implica que pidan prórrogas a los proveedores, afirma.
“Pedimos que seamos considerados en las excepciones. Lo que queremos es una respuesta concreta del MIES para poder seguir trabajando con pagarés y continuar con nuestra labor de atender a la población vulnerable”, agrega.
Fernando Ontaneda, director de la Fundación Cedime, afirma que cada año hay recortes del financiamiento estatal. “Estuvimos once meses sin recibir un ingreso el año pasado y por ello no dejamos de brindar el servicio comprometidos con la ayuda social. Somos organizaciones sin fines de lucro y nos consideran como empresas”, señala.
Los delegados de los manifestantes mantienen una reunión en el Palacio de Carondelet de la que aún no hay resultados. (I)