En redes sociales se muestran con armas de grueso calibre, son acusados de crímenes, pero no hay acciones

El número de homicidios intencionales casi se cuadriplicó entre enero y junio de este año respecto del mismo periodo de 2019 y 2020. El número de homicidios, asesinatos, sicariatos y femicidios en Ecuador es de 2.593 este año con corte al 17 de agosto pasado , la cifra más alta de los últimos once años, del 2011 hasta la actualidad. Con ello se supera al total de muertes violentas ocurridas durante todo el 2021 (2.496), a cuatro meses y medio de que termine este año, según las bases de datos del Ministerio de Gobierno. El reclutamiento de jóvenes para involucrarlos en actividades ilícitas, como asesinatos o tráfico de drogas, que comienza a temprana edad, afirma John Garaycoa, licenciado en Criminología, es uno de los factores que inciden en el alto nivel de criminalidad.“Allí entra la gran red ilícita que recluta chicos. Esto empieza en la familia, en el barrio, en las escuelas, se va abriendo el círculo de dónde encontrar, así como cuando el estratega de fútbol ve las habilidades y acoge al candidato desde pequeño para entrenarlo”.De ahí las consecuencias con más jóvenes involucrándose en los ilícitos en medio de la falta de oportunidades. “El tema es complejo. El país no tiene el control de sus ciudadanos como Estado. Un ejemplo hipotético, si en 2000 nacieron cinco mil niños, entonces sus padres deberían tener la obligación, así como sacan la partida de nacimiento, de reportar si asistió a la escuela, qué actividades realiza, si terminó la primaria o el colegio. Al no existir esto, el Estado no sabe cuál no terminó su educación, desde ahí hay fallas en el seguimiento”, asegura Garaycoa.A los 18 años había la obligación de reportarse y hacer el servicio militar o de obtener el certificado si no se era apto o no podían hacerlo por estudios, agrega el especialista. “Había el control de toda esa juventud que hoy no existe, están al libre albedrío”.Que el sistema dé alternativas en la educación y el mercado laboral para que los jóvenes se encaminen a buscar la prosperidad impulsando actividades lícitas sin apresurarse con una ambición que termina siendo perjudicial. Esto en el plano preventivo.“Ahora hay más personas dedicadas a actos delincuenciales porque el ladrón que se roba diez celulares y los vende a $ 30 cada uno hace $ 300 en un día... Prefieren delinquir y los siguientes días se echa a joder y luego vuelve a robar ”, afirma.Ante los hechos consumados con una parte de la juventud ya involucrada en ilícitos, pues quedan la sanción y rehabilitación respectiva.Julio César Cueva, abogado litigante y penalista, afirma que uno de los graves problemas es que la situación de violencia se da en medio de un alto grado de impunidad que campea en la sociedad .“La mayor consecuencia es el exceso de impunidad, porque quien mató a alguien y se acaba de ahorrar 26 años en la cárcel más los agravantes dice que puede matar impunemente, entonces volverá a hacerlo. El que se gana un billete haciendo eso y no le pasa nada y no tiene trabajo, pues sigue haciendo lo mismo”.Las provincias de Esmeraldas (46 por cada 100.000 habitantes), Guayas (25 por cada 100.000), El Oro (24 por cada 100.000), Los Ríos (23 por cada 100.000), Sucumbíos (21 por cada 100.000), Cañar (18 por cada 100.000), Santo Domingo de los Tsáchilas (17 por cada 100.000), Manabí (16 por cada 100.000) y Santa Elena (13 por cada 100.000) son las que registran las mayores tasas del país por muertes violentas.El procedimiento ante los homicidios intencionales busca resolver el caso con la condena de los responsables garantizando el derecho a la vida de los testigos , más allá de que quien vio el crimen esté involucrado o no en algún ilícito.“Si es una madre que fue testigo de cómo mataron a sus hijas y que luego ha sufrido atentados contra su vida, lo que cabe es tomarle un testimonio anticipado en el que identifique a los responsables o hacer que los reconozca con protección en la cámara de Gesell , en la que se coloca a los sospechosos en una hilera con personas más o menos iguales y el testigo identifica detrás de una ventana, pero nada de careos directos porque así estarían poniendo en riesgo la vida de esta persona”, afirma Cueva.Si un testigo reconoce al responsable de un crimen lo que equivale es que el fiscal pida y el juez ordene la detención con fines investigativos . “Nada de convocarlo a que rinda versión y menos para un careo con el testigo que vio cómo mató a alguien, porque nunca va a ir. Si lo han citado varias veces y no ha ido voluntariamente se justifica para que el juez ordene una detención con fines de investigación (para garantizar su presencia) y no es como hacen aquí, que ya se hace porque le van a formular cargos”.La identificación también puede hacerse mediante fotos del acusado conforme dice el Código Orgánico Integral Penal (COIP). “Como a este testigo en cualquier momento lo pueden matar, no deberían ni tomarle una versión sino el fiscal lo que debe hacer es llamar a esta persona a testimonio anticipado, de tal manera que ya se tiene la prueba para llevar a juicio al acusado”, asegura Cueva.Con el testimonio anticipado se reduce sustancialmente el riesgo de que el testigo sea asesinado. “Ya matarlo no tiene sentido, salvo que sea por venganza, porque ya dio la prueba y normalmente lo matan para que no dé testimonio, que no es lo mismo de rendir versión”.Otro mecanismo es que quien vio al asesino sea parte del sistema de protección a víctimas y testigos. “El problema es que este necesita de 1.200 policías y apenas tiene asignados a 200. También hay medidas de autoprotección, si sabes que en cualquier momento te mandan a matar, la lógica indica que te cambies de lugar de residencia ″.Hay factores que alientan el grado de impunidad existente:La gente delinque porque no sufre las consecuencias o sanciones. “ Si llegan a procesarlos ni siquiera pueden condenarlos, por eso hay gente con 30 detenciones y siguen libres ”.La consecuencia de aplicar los procedimientos adecuados con el fin de reducir la impunidad sería que estén en las cárceles los que deben estar, dice Cueva. “El 35 % de las personas privadas de libertad no tienen sentencia, es decir, están con prisión preventiva, la tercera parte. Allí hay gente que podría estar libre, lo que pasa es que estamos en una sociedad en la que quien arrancha un celular nadie colabora para que esté preso, pero se queda veinte o treinta años y sale como vendedor de drogas o sicario”.¿Qué ganó la sociedad? “Perdió un arrancha-celulares y ganó un sicario o traficante de drogas, entonces ahora anda en las esquinas matando gente. Mientras no haya una reforma al sistema penitenciario que remplace a gente que comete delitos leves con gente especializada en cometer delitos graves, no hay una rehabilitación sino una capacitación en delinquir de los que entran al sistema”, asegura Cueva.En las cárceles están las personas acusadas de cometer delitos menores que no tienen los recursos para salir enseguida. “Los que deben estar en las cárceles por matar no están, tienen dinero o las armas para pagar coimas o amedrentar, es como en Colombia, plata o plomo”. (I)

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